LA DESAPARICIÓN DEL PAN DE 100

Mientras el ministro de Agricultura juega a “policías y ladrones” por Pradera y Florida en pos del “guiño uribista” para la Presidencia de la República hacia 2010, en todas las panaderías pueden leerse los avisos acerca de la eliminación del pan de 100. Con seguridad, Arias, apartado del infortunio que esto le causa a millones de hogares, sigue pregonando en sus correrías que es preferible sembrar uchuva que trigo. Lo que viene sucediendo con el pan y con los productos de esa cadena, que son alimento básico para el país, es el resultado tanto de desechar la política de soberanía alimentaria, entendida como el derecho de las naciones a producir al costo necesario los alimentos fundamentales para sus ciudadanos y que es mandato constitucional, como de adoptar la de “ventaja comparativa”, que no es más que la de producir cualquier cosa que podamos vender barato en los mercados internacionales con el fin de conseguir los ingresos para adquirir los alimentos en el exterior. El caso de la producción de trigo en Colombia es ejemplo de las graves secuelas que le trae a una nación acoger las entelequias de la “ventaja comparativa”. En el libro “El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización” registré que en 1912 la dotación en kilos por habitante de este cereal era de 6,8 y que en 1950 subió a 8,5 cuando se sembraban cerca de 150.000 hectáreas principalmente en la sabana de Bogotá, Boyacá y Nariño. El país era autosuficiente. Para 1982, esa superficie se redujo a 45.000 hectáreas y la dotación por habitante, pese a que la productividad por unidad de área se incrementó más del doble, ya había bajado inicialmente a 2,5 kilos en 1970 y a 1,7 en 1984. Con la apertura de los años 90 se llegó en 2000 a un kilo y, según datos de 2005, se mantiene en esa escala o algo menos. ¿Qué aconteció? Desde 1954, cuando el Congreso de Estados Unidos expidió la ley pública 480, mediante el Acta de Asistencia y Comercio en Agricultura, por la cual se otorgaban créditos subsidiados a países “beneficiarios” de importaciones agrícolas, Colombia se embarcó en compras masivas de este cereal y de cebada, incluidos algunos montos en forma de “ayuda alimentaria”. Luego de 1973, cuando ya se había quebrantado la producción nacional, principalmente de minifundio campesino, y un estudio de la AID daba cuenta de la “cooperación” en el cambio de la producción de trigo por otros géneros, el subsidio se acabó incluido el del consumidor. Fue la típica sustitución por dumping teniendo en cuenta que siempre el costo de producción colombiano de una tonelada de trigo ha sido inferior al estadounidense. Entonces se estableció la gran dependencia de los suministros externos para esos dos cereales, que pasaron de 110.000 toneladas anuales a 1’022.500 en 30 años y en el presente están cerca de 1 millón y medio, donde Estados Unidos ha predominado, excepto en el pasado reciente cuando Argentina le ha competido. Un pronunciamiento de U.S. Wheat Associates sobre el TLC afirma: “Las exportaciones de trigo de USA tienen gran potencial en Colombia. Tradicionalmente han dominado el mercado con una participación del 60%”. Así mismo, se queja de las ventajas de los gauchos en el acuerdo CAN- Mercosur, de las cuales ellos no podrán gozar mientras no entre en vigencia el Tratado. Vale agregar que las importaciones hacia Colombia las hace un oligopolio, que aumenta su margen cuando vienen los ciclos al alza. Un ciclo como esos es los que el mercado mundial del trigo está viviendo. Un Informe del Consejo Mundial de Cereales de agosto de 2007, que reporta “la reducción de la disponibilidad mundial”, añade que “los precios de exportación de los cereales registraron un fuerte avance en agosto, encabezados por subidas de entre $20 y $35 para el trigo. Un nuevo aumento fuerte de las tarifas de flete marítimo incrementó aún más los gastos de los importadores. Además del impacto del tiempo adverso del verano sobre los cultivos de trigo en el hemisferio norte, y especialmente sobre los rendimientos y la calidad en Europa, los mercados se vieron apoyados por la fuerte demanda de importadores que procuraban cubrir sus necesidades ante una nueva subida de los precios internacionales”. En ese infierno quedó Colombia, con su extinto pan de 100, como todos los países que se vuelven dependientes y de ñapa terminan padeciendo la especulación indignante con la comida. Solo resta esperar si nos salva la fórmula que Arias difunde sin sonrojarse: “Con la uchuva que se venda se podrá comprar el trigo necesario…la uchuva genera mayor valor y empleo por unidad de superficie cultivada”. Una auténtica ficción.

La microempresa industrial y el TLC

Cuando Clara Patricia Martín y Juan Mauricio Ramírez, investigadores del Banco de la República, presentaron en noviembre de 2004 el estudio “El Impacto Económico de un Acuerdo Parcial de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos”, se concluía que los sectores más “favorecidos” con el Tratado serían las confecciones, los textiles y los alimentos, si, en este último caso, los Estados Unidos eliminaban las barreas no arancelarias (algo que no aconteció) y los sectores más “desfavorecidos” los de maquinaria eléctrica, de maquinaria para usos generales y especiales, equipo de transporte, metales y madera. Dicho estudio supeditaba esas conclusiones a que el grado de sustitución de los productos colombianos por los norteamericanos estuviera bien calculado.

Para 2006, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, en convenio con la Alcaldía de Bogotá, logró precisar todavía más los reales impactos del TLC en la industria, pasando de análisis sectoriales a exámenes por productos. A partir de técnicas de medición más complejas halló que los productos con potencial exportador, que denominó “estratégicos” , no eran 90 mientras que los amenazados por las importaciones estadounidenses, a los que clasificó como “sensibles”, eran 895. Notando que entre los cien primeros con mayor “sensibilidad” se encontraba una variada gama de bienes industriales, como ciertos tipos de herramientas de mano, casi todos los rodamientos, partes para calentadores de agua, piezas para motores como bielas, válvulas, hornos no eléctricos, compresores, refrigeradores, congeladores y demás aparatos para producción en frío. Además distintos tipos de calzado, aceites y textiles recubiertos de plástico o ciertas modalidades de poliéster; también los jugos endulzados, los alimentos para mascotas y hasta el tabaco.

Ese diluvio de artículos industriales se explica en ese mismo estudio porque se afinó el porcentaje en el cual crecerían las exportaciones y las importaciones de Colombia (teniendo como eje la capital de la República) por la disminución de cada 1% en el arancel. Mientras en el caso de las ventas al exterior éstas apenas aumentarían entre un 0,2% y un 0,3%, para las compras externas la proporción era del 19%. ¡Cien veces más!

Sin embargo, los modelos de los estudios mencionados no estimaron los efectos que causarán los re-manufacturados, las segundas y saldos, las piezas de desensamble y demás basura industrial cuyo ingreso al mercado colombiano se hará sin barrera alguna. El presidente de Acolfa, el gremio que representa a los productores de vehículos y autopartes, afirmó que “al país podrán entrar bienes industriales y autopartes de segunda que con un simple proceso de limpieza ya tendrán el carácter de re-manufacturado”. Esta categoría aplica para el ámbito industrial en especial a capítulos como el de metalmecánica, maquinaria eléctrica, autopartes, vehículos, otros bienes electrónicos y similares. Todos estos artículos son bienes sin costo, no están sometidos al régimen de precios, y Colombia aceptó darles ingreso libre a algo más de 1.400 posiciones de ellos desde el primer año de vigencia del TLC. Algunas entidades gremiales como ACOPI quieren presentar como compensación suficiente frente a tan profundas afectaciones el que Estados Unidos aceptara un mecanismo de monitoreo del impacto del TLC (como si ya no estuviera predeterminado) en la microempresa, la revisión de licencias previas a las mercancías usadas y algunos programas de cooperación.

Es evidente que tales medidas no impedirán el grave hecho de que Colombia haya renunciado de modo definitivo a adelantar un proyecto nacional de desarrollo industrial. Los principales centros manufactureros del país adoptaron desde la apertura económica un perfil de maquila o de elaboración de bienes no transables de poco valor agregado con insumos importados y equipo, en la mayoría de los casos, de segunda, que ha reducido el uso de la mano de obra y ampliado la informalidad laboral y que con el TLC se ahondará, expulsando del sector a quienes no puedan ponerse a tono con él. Como lo ha dicho Eduardo Sarmiento, la explicación está “en economías expuestas a las limitaciones de demanda en los mercados externos…una especialización que eleva la productividad a cambio de sustituir la producción interna de bienes intermedios y bienes finales por importaciones”.

EL DRAMA DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA

Retomar este título del libro escrito en 1985 por el hoy senador Jorge Enrique Robledo, sirve para precisar el sufrimiento que millones de hogares colombianos continúan viviendo con relación al derecho de tener una vivienda digna. Resulta paradójico que mientras las lonjas de la propiedad raíz hablan de unidades que valen entre 3 y 6 millones de pesos el metro cuadrado y de valorizaciones prediales en el último año de un 15% en las principales ciudades del país (una auténtica burbuja especulativa) otros hechos muestren que aquí sigue siendo cierto que “tener casa no es ninguna riqueza pero no tenerla es mucha pobreza” y, agregaría yo, perderla es una calamidad. En junio de 2007 había en el país cerca de 200.000 subsidios de vivienda de interés social sin reclamar, solamente en Bogotá se hablaba de 25.000. Entre las razones más esgrimidas para explicar esta circunstancia están la escasez de suelo urbano para adelantar planes con dicho objetivo, las dificultades de los beneficiarios para llevar a cabo el “ahorro programado” en el sistema financiero que sirve de contrapartida al apoyo gubernamental y también el poco interés de los inversionistas al tener relaciones beneficio-costo muy superiores en otras opciones en vivienda suntuaria para estratos socioeconómicos de mayores ingresos. Todas ellas son la consecuencia de que la vivienda en Colombia hace rato dejó de ser un derecho para convertirse en abundante filón de especuladores de toda laya, desde terratenientes urbanos y avezadas firmas constructoras hasta del sistema bancario, a donde, desde la invención del UPAC, fluyen los mayores réditos generados en esta actividad. Réditos que se acrecientan paulatinamente fruto de las enmiendas que se hacen al sistema vigente. Según la Corporación Minuto de Dios, en Colombia el déficit de vivienda es de 1.400.000 unidades, distribuidas, de acuerdo al nivel de ingresos familiares medido en Salarios Mínimos Mensuales (SMM), así: Nivel Nro. viviendas Porcentaje 0 – 2 SMM 1.064.000 76% 2 – 4 SMM 196.000 14% Más de 4 SMM 140.000 10% Y agrega que: “tradicionalmente, el mayor porcentaje de soluciones de vivienda de interés social va dirigido a familias con ingresos superiores a los 2 SMM, con lo cual el sector más grande y necesitado (más de un millón de familias) no recibe la atención requerida”. Los recursos del gobierno no logran atender la demanda anual de 200.000 unidades y por eso los “urbanizadores piratas” hacen su agosto con las secuelas conocidas que tal accionar conlleva. Adicionalmente, los deudores del sistema UPAC, que no han podido “conciliar” sus obligaciones con la banca desde la crisis de finales del siglo pasado y que son 800.000 hogares, atraviesan una patética situación. Clara expresión de ello fue lo sucedido hace poco en Bogotá (donde hay uno de cada ocho de estos casos) cuando un juez, con tanquetas y escuadrones ESMAD, emprendió el desalojo de José Modesto Salcedo Sanabria y su familia en Engativá. Alegando que, si bien se atrasó en las cuotas mensuales del crédito de su vivienda, la deuda contraída fue por 65 millones y ya va en 80 a pesar de que ha pagado 115, Salcedo se atrincheró en su casa y no se dejó expulsar luego de una “batalla campal” de 8 horas. Aún en los momentos en los cuales el Estado ha hecho intentonas para “resolver el problema habitacional”, éstas han resultado fallidas, entre otras por la precariedad de las condiciones de las soluciones propuestas como resultado lógico en un sector donde predomina el agio con el suelo y con el capital, dos rubros que hoy significan casi la mitad del costo y mientras en la Corte Constitucional se estudia la forma cómo “corregir” las aberraciones de esa despiadada expoliación, el gobierno de Uribe se desvela por emitir nuevos decretos que llenan de prerrogativas y exenciones a los inversionistas, a los grandes constructores y al capital financiero. Cada vez el problema es mayor tanto que, por equivalencia, puede pasarse de hablar de los “descamisados” de otrora a los “destechados” de ahora. En efecto, en 2007 el número de viviendas faltantes es un 40% mayor que en 1980, cuando era de un millón, y el porcentaje que cubre a hogares necesitados de menores ingresos pasó del 65% al 76%. ¡Un drama descomunal!