ENCUESTAS Y LUCHA POR EL PODER LOCAL

Con frecuencia se repite que “las encuestas y las morcillas no se sabe de qué están hechas”. Lo acaecido con los distintos sondeos de opinión, que se han efectuado con motivo de las próximas elecciones locales y regionales que elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de juntas administradoras locales en las principales ciudades, ratifica esta máxima. El caso más notorio es el de Bogotá: reiteradamente se había venido dando resultados favorables al candidato del uribismo. Más tarde, luego de la consulta del Polo Democrático Alternativo, un ejercicio sobre 1.200 entrevistas personalizadas con intención de voto, arrojó un resultado contrario al que se venía mostrando durante los tres meses anteriores. Ello fue sorprendente, máxime si se tiene en cuenta que los “analistas” habían pronosticado que merced al triunfo de Samuel Moreno, la victoria de Enrique Peñalosa ya estaba asegurada.

Casos similares se han dado en Cali, donde Lloreda puntea pero el 27% de los electores está indeciso y donde Bruno Díaz se “catapultó” después de la consulta del Polo. Para la alcaldía de Pereira y para las gobernaciones de Santander y Atlántico todo está por verse y lo mismo en otras ciudades como Ibagué y Bucaramanga. El impacto de las encuestas para direccionar a los votantes en este tipo de elecciones se ha sobrevalorado y por ello el candidato uribista en Bogotá salió a hacer otro sondeo, de 600 llamadas telefónicas, para contrarrestar el golpe recibido tres días atrás. Es previsible que en adelante se venga una “guerra” de encuestas ya que el uso acomodaticio de este tipo de investigaciones se ha venido incubando en la política nacional perdiendo casi todo su encanto, ya no miden las expectativas sino que las “manipulan”.

Esa manipulación para las elecciones locales cobra más relevancia ya que en ellas se dirimen asuntos que atañen al común de las personas, en su ingreso cotidiano y en muchos casos en su supervivencia. Si, por ejemplo, tendrán acceso al transporte, a la salud, a la educación y a los servicios públicos domiciliarios; si los vendedores ambulantes, los empleados y los trabajadores de regiones y municipios mantendrán sus puestos y el derecho al trabajo digno, si los planes urbanos expulsarán gente de su entorno para dar lugar a los grandes negocios inmobiliarios, si los proyectos venideros golpearán a consumidores y empresarios, si los tributos serán equitativos y progresivos o seguirán cargándose a Juan Pueblo y hasta si la “repartición” de la contratación, con la corrupción que la ha rondado a niveles cada vez más escandalosos como a los que ha llegado en sinnúmero de poblaciones y con los más terríficos propósitos, colmará las ambiciones de los contratitas quienes en muchos casos son los financiadores de los candidatos.

Lo que estará en juego el 28 de octubre próximo no es de menor cuantía. Hasta el mismo Álvaro Uribe, como se vio a la sazón de la convención del partido de Vargas Lleras, está por meter baza. Asuntos como los sistemas de transporte masivo, los cuales Uribe piensa implantar con todo y sus inicuas cláusulas en algunas de las capitales del país, lo desvelan y no hay duda que hará hasta lo imposible para imponer a sus prosélitos. En el contexto de este certamen se mueven múltiples intereses y a diferencia de los votos para los comicios para el Congreso, en los que sin que estén desvestidos del todo de buenas dosis de mezquindad, incide en algo la opinión acerca de los grandes temas nacionales, es el cálculo alrededor de su suerte personal en el día a día lo que decide en buena medida las inclinaciones de los votantes en departamentos y localidades. Dos estilos se enfrentarán al respecto: el de las fuerzas democráticas que porfían en las políticas públicas para garantizar el bienestar de las comunidades y el de los clientelistas tradicionales, que se saben camuflar según la ocasión y quienes se fundan en la creación de grupos de favoritos o en pandas propias para abalanzarse sobre el Erario y las nóminas oficiales. La lucha por el poder local tiende a cobrar mayor intensidad que la brega por el predominio nacional; el propio Presidente ya ha dado la pauta en el tono que va adquirir la refriega en los próximos 90 días y con más énfasis en esta ocasión cuando lo que suceda puede tener influencia decisoria en la liza para la elección presidencial de 2010.

La alianza entre Monsanto y el gobierno de Uribe

Hace algunos días se anunció la alianza estratégica entre Monsanto y el gobierno de Colombia. Una de las políticas principales de dicha unión ha sido la aspersión por vía aérea del glifosato producido por esta empresa en regiones donde se han detectado cultivos de uso ilícito. El costo de asperjar una hectárea con el herbicida por vía área es de 626 dólares por hectárea fumigada (según el especialista Alberto Rueda) y a unos niveles de concentración casi diez veces superior a los utilizados en el laboreo agropecuario, además del acompañamiento mediante la mezcla de surfactantes que aumenta su potencia y aseguran la fijación sobre matas y plantas sin discriminación. En casi diez años se puede estar llegando al millón de hectáreas asperjadas, los daños en distintos órdenes son cuantiosísimos y los resultados efectivos son puestos en duda. No obstante, los beneficios han sido para los contratistas de esa operación como DynCorp. y para el proveedor del tóxico: Monsanto. Para ello se combinan recursos de los contribuyentes norteamericanos que se aplican en el Plan Colombia y otros, la mayoría, de los colombianos que deben hacer esfuerzos fiscales para honrar los préstamos con los cuales nuestro país coloca su parte en el nefasto Plan.

La unidad Uribe-Monsanto se ha ampliado. Mediante la resolución 00465 del 26 de febrero del ICA, se autoriza “al representante legal de la Compañía Agrícola Colombiana Ltda. (Monsanto en Colombia) la importación de semillas de Maíz con la tecnología Yieldgard® (MON 810) para siembras controladas en las zonas agroecológicas del Caribe húmedo y alto Magdalena”. Se refiere a semillas transgénicas obtenidas a través de la introducción del gen Cry 1A aislado de la bacteria común del suelo Bacillus thuringiensis (BT).

Entre las razones esgrimidas para la licencia está “la gran importancia en el ámbito nacional e internacional debido a la oportunidad de utilizar esta especie en la producción de biocombustibles”, “los problemas de calidad y costos que se están presentando”, “la posibilidad de que se disponga de nuevas y mejores tecnologías que permitan mayor margen de ganancia para el productor y para el país” y, dentro de la producción de biocombustibles a partir de vegetales, destaca “las ventajas y ayudas financieras de la comunidad internacional para los países y entidades” que actúen “dentro del propósito internacional adoptado por un importante grupo de países a través del Protocolo de Kioto”. Un permiso igual se otorgó a Du Pont de Colombia para una semilla transgénica de maíz con tecnología Hércules también con el gen Cry 1A.

Aparte de las discusiones que se dan en torno a los transgénicos, el caso de Colombia tiene connotaciones particulares. El primero es el grave riesgo que con su difusión corren las semillas autóctonas. Está comprobado que fenómenos naturales como la polinización cruzada favorecen la “contaminación genética” sobre semillas convencionales al transferirse genes transgénicos. En la medida en que los transgénicos avancen será más difícil mantener una agricultura diferente en paralelo. Y, en términos de costos, aunque la evidencia en el caso del maíz todavía no es suficiente para aseverar la supuesta existencia de mayores economías, su impulso en el caso del algodón con la tecnología Bollard transgénica y acorde con la contabilidad de cultivadores del departamento de Córdoba en 2004, resultó más gravosa en los rubros donde se diferencia con las técnicas convencionales, al evaluar en conjunto el valor de las semillas, la aplicación de los pesticidas y el control de plagas.

Es notorio que se resalten las posibilidades del maíz transgénico para la producción de agrocombustibles. Surge como nueva fuente para dicho fin, la que con la caña de azúcar y la palma de aceite, es elemento clave en esa intención principal de la nueva política agrícola nacional plasmada en el Estatuto Rural recientemente aprobado. Estudios internacionales que estiman que el petróleo consumido es superior al que se economiza con la producción equivalente de etanol vía maíz, también contrarían los motivos de las resoluciones de ICA. Sin embargo, los estímulos económicos, mediante los llamados Derechos de Emisión establecidos por el Protocolo de Kioto aparecen como valores adicionales que se consiguen en las transacciones en las bolsas internacionales creadas para operaciones especulativas de estos nuevos títulos alentadas al tenor de los peligros del cambio climático. Según puede verse en este caso, tal argumento se esgrimirá para una nueva andanada de abusos.

¿Por qué demeritar al Polo Democrático Alternativo?

No hay actividad del Polo Democrático Alternativo que no sea demeritada. Si se pronuncia sobre crímenes atroces, se analiza hasta el último matiz del respectivo documento para inferir si está guardando el pleno rigor en la delimitación de sus propósitos con los de quienes hoy continúan utilizando la barbarie contra la población. Y, si no se pronuncia, entonces se colige que es un partido terrorista. Si se produce una diferencia interna, se especula en torno a ella y se intenta incendiar la discusión. Si el Polo moviliza masivamente a la población contra los esperpentos legislativos del uribismo, como el TLC o la reforma constitucional al régimen de transferencias, se le increpa que “iban niños” en las marchas de protesta. No hay duda de la existencia de una sistemática cruzada de descalificación y de “polarización” de la opinión contra el Polo, de crear un ambiente entre los ciudadanos de refracción a este partido, de tal modo que se produzca una suerte de acto reflejo que condicione el rechazo a todo lo que de allí provenga con la única razón de que todo lo que sea del Polo es nocivo.

Desde el “terroristas vestidos de civil”, que Uribe espetó en la campaña hacia su segunda elección presidencial, las calumnias contra el Polo pasan sin cedazo como algo natural de la vida nacional. Esta orquestación expresa en últimas un gran temor hacia un partido de izquierda democrática, como nunca había existido en Colombia, que en algo más de un año eligió cerca de 20 congresistas, quienes han librado los más importantes debates políticos, que se unificó alrededor de un programa común, estableció normas democráticas de funcionamiento y su propia estructura organizativa para lo cual eligió entre más de medio millón de afiliados de toda Colombia a 3.500 delegados quienes en el Primer Congreso del Polo debatieron sin cortapisas sobre todos los aspectos relativos a su plataforma ideológica, a la táctica y a la estrategia y a las normas estatutarias, entre otros. Y lo que definitivamente parece resultarle una pesadilla al establecimiento es rememorar el segundo lugar del Polo en las elecciones presidenciales de 2006, con 2’600. 000 votos para Carlos Gaviria Díaz.

Quizás el modo más agresivo contra el Polo es el de querer interferir, mediante distintos tipos de manipulación, como encuestas, editoriales y una que otra desinformación de mala fe, en sus decisiones; incidiendo a favor de los sectores que de modo subjetivo los analistas del régimen catalogan como “más democráticos” y en contra de aquellos tenidos como “radicales”. ¡Cuánta tinta se ha gastado en “recomendar” cómo debe configurarse la lista del Polo al Senado o quién debe ser el candidato o candidata para una u otra posición! Al final de cada episodio se vuelve a registrar con desánimo que los “radicales” vuelven a imponerse y a continuación se pronostica que así el Polo “irá al despeñadero”.

La más equívoca de las conductas adoptadas contra el Polo es la relativa a sus consultas internas para seleccionar candidatos a distintas alcaldías y gobernaciones y, en particular, a la de Bogotá. Durante más de dos meses se insistió, a través de diversos mecanismos, en sugerir el resultado deseado y, cuando éste no se dio, refundiendo la participación de los ciudadanos en una elección general con la que es propia de este tipo de eventos limitados exclusivamente a los afiliados tal como lo fijan los estatutos de cada agrupación, se ha armado un escándalo acerca del supuesto derroche de dineros públicos utilizados para tal fin y llega a hablarse de “abstención del 96%” como si todos los colombianos pertenecieran al Polo o a los partidos convocantes. Con una lógica neoliberal fiscalista se mide exclusivamente el retorno de las consultas internas partidarias, las cuales hacen parte de un conquista democrática que tiende a fortalecer a las organizaciones políticas, sobre todo a aquellas como el Polo, que han superado el “método del bolígrafo” o el de la anarquía para seleccionar a sus dirigentes, y que dan ejemplo de civilidad y democracia. Esto es quizás lo que más parece doler: que la izquierda esté a la vanguardia en un campo en el cual las colectividades tradicionales y sus variantes, incluidas las que han recurrido a la violencia para imponerse en vastas regiones del país, eran quienes supuestamente decían la última palabra. Ahora el Polo las ha puesto en evidencia.

Perfil de Aurelio Suárez

Aurelio estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes allí se conoció con Jorge Robledo quien estudiaba Arquitectura y fue en esta Universidad donde empezó a vincularse de manera activa en el movimiento estudiantil del Moir.

Cuando termina su carrera universitaria decide hacer parte del llamado del Moir que consistía en ampliar la militancia de los jóvenes al partido y en 1978 se va al Departamento de Risaralda donde terminó convertido en dirigente político.

Para esta época vivía en contacto permanente con Jorge Robledo con quien intercambiaba ideas y trabajaban de la mano temas agrarios lo que permitió que estrecharan cada vez más sus lazos políticos. Para 1985 con productores pequeños y medianos de café fundaron la Unión Cafetera Nacional siendo los principales voceros y dirigentes sobre el tema a nivel nacional.

Cuando Jorge Robledo incursiona en la vida política Aurelio Suárez decidió acompañarlo y quedó elegido como Diputado para la Asamblea de Risaralda.

Durante más de dos décadas fue catedrático en distintas universidades del eje cafetero como la universidad tecnológica de Pereira, la Universidad Católica Popular de Risaralda, la Universidad Libre – seccional Pereira, la Universidad del Quindío y la Universidad de Manizales.

Columnista del periódico La Tarde de Pereira desde 1.989 y de “El Nuevo día” de Ibagué. Colaborador habitual de la revista Deslinde –cedetrabajo- y de la revista Agricultura Tropical. Se desempeñó como asesor de la campaña presidencial de Carlos Gaviria en temas económicos y educativos.

Es autor de más de seis libros entre los más recientes están “EL MODELO AGRICOLA COLOMBIANO Y LOS ALIMENTOS EN LA GLOBALIZACIÓN (2007); “MODELO DEL FMI. Economía Colombiana 1990-2000” (2002) Y “CRÍTICA AL ALCA” (2003). Coautor del libro “EL CAMPO UNA CARTA POR JUGAR. Perspectiva del agro colombiano” (2005).

Se ha especializado en temas como ALCA, TLC y Educación lo que le ha permitido viajar a diferentes países a dictar conferencias sobre el tema.

Para estas elecciones el MOIR decidió apoyarlo en su candidatura al Concejo de Bogotá donde hará parte de la lista por el PDA.

Refranes de derrota sobre el TLC o “Así le paga el diablo a quien bien le sirve”.

Luego de dos visitas a Estados Unidos del presidente Álvaro Uribe en los últimos meses, la suerte del TLC entre Colombia y la superpotencia está más en entredicho que nunca. El balance de Uribe en forma de refrán, “La constancia vence lo que la dicha no alcanza”, o la expresión “a caballo regalado no se le mira diente”, para resignarse a cambio del Tratado por la prórroga por dos años más de las preferencias arancelarias denominadas como APTDEA, son, más que graciosas ocurrencias, un evidente parte de derrota; el presagio de un revés peor que el del Referendo.

La carta enviada a la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, por ocho de “los grandes” del Partido Demócrata, entregada a la hora de la despedida de Uribe, entre los cuales están Barack Obama, quien registra ahora la mayor favorabilidad del electorado de esa agrupación para ocupar la Casa Blanca desde 2009; Ted Kennedy, el más veterano senador, y otros, como el altamente influyente jefe del Comité Judicial del Senado , Patrick Leahy, reitera que la principal preocupación en torno a Colombia no está focalizada en el TLC sino en la “extensión” de los vínculos de paramilitares con “altos funcionarios”, advirtiendo que esa “ infiltración no es un problema menor de corrupción”. No es nada despreciable una comunicación que es suscrita por estos líderes demócratas, ni es acertado calificarla como “papel” sin importancia.

Por lo que dicen esos senadores, antes que cualquier trámite de alguna iniciativa con relación a Colombia, quieren ver el desenlace de lo que llaman "la crisis política más seria en años". Y específicamente en lo que sucederá tanto con los alfiles políticos del Presidente en varios departamentos, enredados en lo que certeramente se ha denominado “parauribismo”, así como con el curso que correrán las pesquisas en torno al exjefe del DAS, Jorge Noguera, en ascuas por presuntos actos tenebrosos a favor de los grupos ilegales en el ejercicio de funciones públicas. Una nota del senador Leahy, referida a su encuentro con Uribe dice: “Por muchos años la ayuda a Colombia ha ido en piloto automático. Yo espero completamente que continúe el apoyo por los muchos intereses de mi país. Pero el Congreso no es una estampa de caucho. Aquellos días pasaron. Nosotros necesitamos ver un fin a la larga historia de impunidad de Colombia y queremos ver una estrategia anti-drogas que funcione. Los contribuyentes norteamericanos requieren la contabilidad real de los miles de millones de dólares que ellos han enviado a Colombia”.

Si lo anterior fuera poco, una frase más lapidaria fue la del congresista por Massachusetts, Jim McGovern, concomitante con la requisitoria demócrata respecto a los viajes de Uribe: "Mientras siga retornando sin respuestas, seguiremos insistiendo en respuestas". Peor fue la declaración de Phil Hare, congresista demócrata de Illinois y ex sindicalista de la industria textil, al mencionar que apenas hay 37 fallos frente a los 2.100 casos de sindicalistas colombianos asesinados y "pese a ello… quieren premiar a Colombia dándole un TLC. Permítanme decirlo, con algo de ironía: ¡sólo sobre mi cadáver!"

Ante una andanada de ese tipo, la reacción del gobierno de Uribe ha sido todavía más deplorable. En un proceder humillante ha corrido a echarse a los pies de Bill Clinton. Ha contratado firmas de asesoría, por cuenta del Erario, cercanas a este personaje y a la campaña electoral de Hilary, lo ha condecorado “como colombiano apasionado”, y, en la más barata politiquería internacional, trata de congraciarse con todo aquel que cree susceptible a la seducción de sus falsos comedimientos; como el nombramiento de una ministra y un viceministro de raza negra para incitar al grupo parlamentario afro-norteamericano.

Uribe, en medio de su desesperanza, está brindando el más insoportable espectáculo de servilismo. Su “diligencia y astucia”, admirada por estos confines, no puede ser vista por cualquier ojo aguzado sino como una conducta rayana con lo patético. Si fue precisamente con ese mismo ánimo con el cual se negoció el TLC, no se necesita ahondar mucho en aquellos temas contenciosos, como la pérdida de soberanía alimentaria, jurídica, económica, territorial y jurídica para saber que efectivamente la negociación fue un acto de traición a la patria. Con todo esto, a la hora de los refranes, resulta más apropiado: “¡Así le paga el diablo a quien bien le sirve!” …Y pensar que se continúa actuando de tal modo…

Con la plata de “El Guavio” se comprará El Guavio. Un caso de interés nacional.

El término “El Guavio” es sinónimo de latrocinio. Se refiere a uno de los más grandes casos de corrupción de la historia. En su momento, se habló de sobrecostos por 2.053 millones de dólares en la construcción de la hidroeléctrica con dicho nombre, contratada por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB). Los beneficiarios de la distribución de esa enorme suma fueron los consorcios contratistas, el ítalo-español, Vianini – Entrecanales y el francés, Tavora y Campenon Bernard-Spie Batignolles, que se hicieron a cuantiosas sumas como resultado de las compensaciones por la demora “deliberada” en la compra de los predios donde se debería edificar y operar el proyecto; y algunos gerentes, entre ellos, Fabio Puyo Vasco, como protagonista del caso, a quien se le comprobaron $692,5 millones de aumento patrimonial injustificado y que no ha sido extraditado a Colombia por connivencia con la autoridad hispana.

Los perjuicios fueron enormes. La demora en la entrada en funcionamiento de El Guavio agravó los males padecidos por “el apagón” de 1992, su exorbitante financiación coadyuvó a que la deuda del sector eléctrico fuera casi la tercera parte de la deuda pública del país y, lo peor, que, por la carga monetaria que significó para la EEEB, se justificó su escisión y la venta a las firmas privadas ENDESA, de España, y Chilenger, de Chile, que solamente adquirieron el 38% de EMGESA, de generación, y CODENSA, de distribución y comercialización, pero que, merced a lo definido por el Acuerdo 1 del Concejo de Bogotá del 23 de diciembre de 1996, se hicieron al control y a la administración empresarial.

En el transcurso de estos años se ha dado un proceso permanente de descapitalización de las empresas de energía de Bogotá, lo cual, adicional al reparto de dividendos, les ha permitido a los privados ir recuperando lo invertido. Jaime Castro ha denunciado en reiteradas oportunidades ese inicuo procedimiento que conspira contra los ciudadanos ya que las inversiones para el sostenimiento y expansión del sistema, como los cables subterráneos de media tensión, no salen de las arcas empresariales como debería ser, sino mediante aumentos tarifarios que para tal efecto han sido autorizados por la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas). En 1999 se realizó la primera descapitalización de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) por un monto de un billón ciento ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho millones ($1.189.248.). Posteriormente en 2001 y 2002 se hizo otra reducción de cerca de un billón de pesos( ya los inversionistas habían recibido el equivalente al 33% por ciento de la inversión realizada, habían pagado, 2.177 millones dólares y les habían devuelto 700 de la misma moneda) y en enero de 2005 , la aprobación emitida por el Gobierno involucró un monto de 1,4 billones de pesos. En dólares corrientes se estima en 950 millones lo recuperado por vía de reducción de capital en diez años y casi todo para la española ENDESA que compró la participación a la parte chilena.

Desde 2005 se empezó a hablar en España de la venta de ENDESA. Se conoció de una Oferta por Acciones (OPA) de la firma Gas Natural. No obstante, en 2006 la presión la puso la alemana EON y a esa oferta le salió al paso otra OPA, de la italiana ENEL en asocio con el grupo español ACCIONA, cuyo dueño por amplia mayoría es ENTRECANALES de España; el mismo de “El Guavio”. De concretarse esa operación que ya tiene el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la familia Entrecanales quedará con más del 25% de ENDESA y, en ese negocio donde la res va con el atado como en las ferias de ganado, CODENSA y EMGESA quedarán bajo este mando. Con la plata de “el Guavio” se comprará el Guavio.

La OPA de ENDESA ha causado gran controversia en España, hasta la salida de un prominente miembro de la CNMV quien calificó como espuria esa oferta. Después del 27 de mayo de 2007, el Partido Popular proyecta un debate público sobre el asunto ya que se acusa en este caso de favoritismo al gobierno de Rodríguez Zapatero, es sabido que la familia Entrecanales se ha convertido en uno de los favoritos para la contratación pública en el mandato del PSOE. Lo acaecido con la EEEB es buena muestra de lo que es de verdad la inversión extranjera, una especie de filibusterismo contemporáneo, llena de chalaneos y especulación. Sólo resta que, después de todo, Fabio Puyo sea repatriado no como prófugo sino como gerente de los intereses de sus perennes protectores. Todo puede pasar.

La “llamada” de Uribe a Peñalosa y a los demás: ¡Son los negocios, idiota!

Causó especial rechazo la descarada intromisión en política de Álvaro Uribe; quien, asaltando la convención de un partido de la coalición de gobierno en vivo y en directo, terció a favor de los candidatos oficiales del uribismo para las alcaldías de las principales capitales del país. De inmediato saltaron los áulicos del régimen, con el ministro del Interior a la cabeza, a validar la irregular actuación del Presidente y a exhortar a la opinión a asimilar esta suerte de abusos como una expresión de la “modernización” de la democracia colombiana. Un tipo de acomodada “modernización”, incubada desde el establecimiento de la figura de la reelección presidencial, en tanto desde entonces un mandatario puede intervenir a su antojo y albedrío para su provecho electoral.

Quedó el país enterado que Peñalosa para Bogotá, Luis Pérez para Medellín, Francisco Lloreda para Cali y Alejandro Char para Barranquilla son los “elegidos” por el Ejecutivo para enraizarse en los primeros núcleos urbanos de Colombia. Con seguridad, más adelante, se montará un nuevo tinglado para darle el espaldarazo a otros más en ciudades como Pereira, Manizales, Ibagué, Bucaramanga, Palmira o Cartagena y para gobernaciones claves como Antioquia, Cundinamarca, Valle o Atlántico. Uribe, incluso pasando por encima de sus propios alfiles, desea reiterar que es el “jefe de jefes” y que cualquier pretensión dentro de sus banderías no podría cristalizarse si no es bajo su amparo y visto bueno.

Dicha señal no es solamente un axioma que Uribe desea imponer; es también una advertencia acerca de que los planes para las distintas urbes se harán en compañía del Gobierno Central, surtidor de los recursos para concretarlos, y que , por consiguiente, todos los negocios, adjudicaciones y concursos concomitantes deberán acordarse conjuntamente. No será una prerrogativa exclusiva de las autoridades locales la selección de los operadores del MIO en Cali o de los beneficiarios de los contratos de Desarrollo Urbano en Bogotá o Medellín o de las “familias guardabosques” en Santa Marta; para todo tendrá que contarse con Uribe y su séquito quienes tomaron el cuidado de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas para el Segundo Centenario (2019), como mega-proyectos, la instalación de sistemas de transporte masivo o los proyectos urbanísticos de impacto. Una prueba de este proceder es, por ejemplo, la escogencia del operador del mayor tramo del MEGABÚS en Pereira, donde el ministerio de Transporte metió la mano hasta el fondo.

Es evidente que Bogotá ocupa el primer lugar en las prioridades uribistas. Los inmensos negocios que ya están andando como la “gestión” privada de muchas actividades del Acueducto, Transmilenio o lo que pueda derivarse de la Empresa de Energía de Bogotá, ahora también dueña de Ecogás, se engordarían con otros en ciernes; verbigracia, los planes urbanos que se piensa adelantar. En primer lugar, el Plan Centro, que al tenor de la Renovación prevé 15.6 km. de nuevas vía, 40.6 km. del Sistema Integrado de Transporte, 6.000 cupos adicionales de parqueo, 42.000 mts² de ejes peatonales, 4.500.000 mts² de nuevos desarrollos inmobiliarios, 330.000 mts² de espacio público y 335.000 mts² de zonas verdes. Esto tendrá un 17% de inversión pública, que “detonará el 83% de inversión privada”. ¿Quién lo hará? ¿Quién gozará de los beneficios?¿ Quiénes serán los “privados”? Es algo que Peñalosa deberá convenir con Uribe. Lo mismo con la operación urbanística del Aeropuerto, que “combina el desarrollo de actividades económicas con la oferta de nuevo suelo urbanizado” para lo cual se han identificado “áreas de oportunidad” de 322 ha. ¿De quién, por ejemplo, serán las tierras seleccionadas? Otro tema de Uribe y Peñalosa. Y también la expansión urbana hacia Usme y el Norte. La primera calcula la incorporación de 619 ha. “urbanizables” para la construcción de 55.710 unidades residenciales y la segunda con 2.025 ha., el 64% urbanas y el resto en zona de expansión, para edificar 550.000 mts² , dirigidos a comercio, industria y servicios, 11.818 viviendas de interés social y 43.024 para estratos 4, 5 y 6.¿Quiénes las construirán? ¿Cuáles, y qué pedazo para cada cual, serán los capitales financieros tras estas descomunales operaciones? Nuevo punto de partija entre Uribe y Peñalosa.

No en vano Uribe, en la “llamada” de marras, les recordó a Peñalosa y a los demás que había “puesto” recursos en los presupuestos venideros del gobierno central. Cuando todo el uribismo se alinea, como en Bogotá, contra el Polo Democrático Alternativo, tal alineamiento no es ajeno a las jugosas empresas que se derivarán de la planeación urbana de una ciudad que hace rato tomó el sendero de privatizar las ganancias y socializar los costos. Para el caso de la capital de la República, y de casi todas las ciudades, las decisiones políticas que se toman en el bando oficialista, de la Casa de Nariño para abajo, podrán explicarse con esta expresión: ¡Son los negocios, idiota!

LAS INVERSIONES DE LAS MULTINACIONALES EN BOGOTÁ Y EL TLC

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos tiene 1.600 páginas, 24 capítulos, miles de cláusulas, anexos y archivos adjuntos. Uno de esos es el llamado capítulo de Inversiones, que es el capítulo número 10. En él se pretende dar unas garantías especiales a los grandes capitalistas. Por eso, los contratos que las empresas privadas tienen con el Estado, las inversiones extranjeras en fábricas, industrias, empresas de servicios, agricultura, minas, explotaciones petroleras y carboníferas, la deuda pública, entre otros, serán beneficiarios de ventajas especiales que quedaron acordadas en ese Tratado.

Dentro de estas ventajas existe una muy importante: no podrán modificarse las condiciones con las cuales se pactaron ya los contratos entre los inversionistas privados y las distintas ramas del poder público. Si por algún motivo la Nación, los Departamentos, los Municipios o el Distrito Capital de Bogotá, mediante disposiciones administrativas o leyes de la República, ordenanzas o acuerdos municipales, deciden el cambio en los contratos, bien sea por razones laborales, ambientales o bien para mejorar la participación pública en los ingresos que se derivan en los respectivos convenios o por cualquier otro motivo, las empresas quedarán con la potestad de poder demandar ante tribunales internacionales, conocidos como tribunales de arbitraje. (Esto verse en los artículos 10.15 al 10.27 del TLC). Estos tribunales no resuelven las controversias acorde con las leyes de cada país, sino según las normas que rigen el mundo de los negocios. Ya, en algunos tratados que Estados Unidos ha firmado, se han producido decenas de demandas contra entidades estatales que casi siempre han fallado a favor de las multinacionales, causándoles millones de dólares de beneficios.

En el caso de Bogotá, de aprobarse el TLC, no podrían cambiarse, por ejemplo, los contratos entre los operadores de los buses articulados y la empresa Transmilenio, los acuerdos entre los concesionarios privados, que hacen la gestión comercial y técnica, con la Empresa de Acueducto, o los arreglos convenidos en torno a la administración y la estructura de propiedad entre la Empresa de Energía de Bogotá y los socios privados internacionales, entre otros. Eso quiere decir que las empresas privadas de transporte, las firmas recaudadoras y fiduciarias, se quedarían a perpetuidad con el 96% de los ingresos del sistema de transporte masivo de Bogotá, que la Empresa de Acueducto quedaría “amarrada” a las condiciones ventajistas que favorecen a los “gestores” privados o que en el manejo de la Empresa de Energía y de sus filiales, CODENSA, EMGESA y ECOGÁS, las prerrogativas injustas que hoy tienen las empresas españolas se mantendrán por tiempo indefinido.

Por ello, los bogotanos tenemos unas razones especiales, adicionales a las del resto de los colombianos, para resistir a la aplicación del TLC y, desde luego, para oponernos a los candidatos que, con el aval del gobierno de Uribe, quieren ratificar, en contra de la mayoría de los ciudadanos, los enormes beneficios de los que han disfrutado las empresas multinacionales e incluso incrementarlos. Los impactos negativos del TLC en la Capital de la República son cuantiosos y se suman a los muy graves que produjo la reciente reforma constitucional al régimen de Transferencias, apoyada por los partidos uribistas, que recortó los dineros para la educación y la salud públicas y el saneamiento básico. Por todo lo anterior, las políticas de Uribe constituyen la principal amenaza para los bogotanos, porque agravan los males que la ciudad ha padecido por años y tienden a entronizarlos.

El fracaso de la privatización del AGUA y el avance de la resistencia en su contra

En Colombia se han producido dos recientes noticias en torno al agua. La primera, la enérgica protesta de los trabajadores del Acueducto de Bogotá, donde hay más de uno de cada cuatro usuarios urbanos del país, contra la profundización del modelo de contratación de gestores privados para el manejo de la comercialización y algunas operaciones técnicas y , la segunda, el inicio del Referendo del Agua, una iniciativa popular legislativa para que , contrario a la prédica de los neoliberales y del TLC, el líquido sea un bien público, y el acceso de los ciudadanos a él sea un derecho fundamental, que a nadie se le pueda negar un mínimo vital.

Alentada por el BID, que escogió Pereira como proyecto piloto (afortunadamente aún no concretado del todo), y el Banco Mundial, la privatización de acueductos y alcantarillados, junto con sus secuelas, se propagó como peste. Un Informe Sectorial de la Superintendencia de Servicios Públicos para 2005, contaba que, luego de más de una década de Ley 142, en una muestra de 206 empresas, que funcionan en 312 municipios, 144 entidades entregaron agua no apta para el consumo humano y que, de los cinco millones y medio de usuarios urbanos, el 75% debe ser sujeto a subsidios, son cuatro millones viven en sectores pobres y de ingresos medios.

La privatización en diversas modalidades se impuso, entre otras, en Bogotá (la operación comercial), Tocaima, Agua de Dios, Cúcuta, Neiva, Chía, Melgar, Maicao, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Corozal, Montería, Tunja, Girardot, Tuluá, Palmira, Puerto Colombia, Florencia y Soledad, esta última cuando una alcaldesa hizo de las suyas en asocio con grupos armados ilegales. En casi todos están quienes se han convertido en oligopolio de talla nacional. Aguas Capital (de mayoría de la familia Nule, oriunda de Sucre, que la revista Semana llama “nuevos cacaos”), Aguazul, colombo-italiana unida a Aguas de Roma, Aguas de Barcelona, Vivendi y Ondeo, ambas de Francia, y la Triple A, de las españolas Canal de Isabel II y Tecvasa, empresa privada de Valencia (España).

Un buen ejemplo del fracaso privatizador es Bogotá. La concesión desde 2002 de la fase de comercialización a tres empresas en cinco zonas no cumplió ninguno de los objetivos previstos. El Índice de Agua no Contabilizada está en el 39%, cuando la meta era el 30%, ha costado un billón y cuarto de pesos de sobrecosto, con la tarifa media por metro cúbico más cara de Colombia. Esto y la eliminación de los subsidios, produjo de 2002 a 2005 un alza de del 29% en las tarifas para el estrato 1, del 43% para el 2 y del 41% para el 3. Bajo el mismo modelo se entregó en 1997, en un contrato leonino, la planta de tratamiento de Tibitoc a Vivendi. Tuvo que terminarse con una indemnización de 67 millones de dólares, luego que ya se le habían dado 19 por agua no tratada. Se pactó “una demanda mínima” que se pagaba con o sin uso de la planta. ¡Un verdadero desaguisado!

A contramano, un promedio anual de 236.754 usuarios de Bogotá, entre 1998 y 2005, vieron suspendido el servicio. La mejora en facturación y atención de quejas tampoco arrojó balances positivos y el patrimonio de la empresa, cuyo acrecimiento era otra meta, decreció entre 2002 y 2005 en 11%, los costos subieron 24% y los pasivos en porcentaje igual. Los resultados estaban previstos en un estudio de la Universidad de los Andes que advertía de la facturación adicional por $158.000 millones a la EAAB para el pago de la “gestión”, comparando con lo que le hubiera costado con sus propios recursos. Las pérdidas causadas por el incumplimiento de los “gestores se han aforado en $ 106.455 millones.

Nadie entiende por qué se quiere avanzar en las privatizaciones. El gobierno de Uribe firmó en 2005 un convenio con el Banco Mundial, por 70 millones de dólares, que persigue entre sus indicadores “diez nuevas transacciones con el sector privado usando el marco de la “modernización” y en Bogotá, se planea prorrogar los contratos de los “gestores” y ampliarlos a actividades técnicas y operativas, poniendo en sus manos exclusivas el conocimiento construido por décadas en temas centrales, como ya ocurrió con el manejo del sistema de información comercial, SAP, y cediendo, de hecho, para su usufructo la infraestructura que por más de cinco décadas se construyó con el esfuerzo mancomunado y que es patrimonio público. Para justificar el disparate, el propio gerente de la EAAB ha dicho que un operario dirigido por él es más “ineficiente” que uno dirigido por el sector privado. Es el clásico manido argumento tras el cual se causan pérdidas económicas y sociales. Contra todo esto, debe firmarse y apoyarse el Referendo del Agua, una audaz forma de resistencia para reversar la privatización del agua.