Un gran movimiento social se ha adelantado desde el 23 de abril a raíz de la reforma constitucional, impulsada por el gobierno de Uribe y respaldada por su bancada en el Congreso, para desligar para siempre del crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación a las llamadas “transferencias” destinadas para la salud y la educación de los colombianos y enviadas con tal fin a municipios y departamentos. Esa ligazón se estipuló en la Constitución de 1991 y había sido suspendida temporalmente entre 2002 y 2007 por el Acto Legislativo 11 de 2001. Esa misma reforma preveía reimplantar el mecanismo original a partir del próximo año; el gobierno, con su iniciativa, le “puso conejo” a lo establecido en 2001 y, de hecho, impulsa una reducción de los recursos hacia el futuro que la Conferencia de gobernadores ha aforado entre 2009 y 2019 en 52 billones de pesos de 2005. El ministro de Hacienda, Óscar I. Zuluaga, afirmó que, de volverse al mecanismo anterior, se requerirían hasta 2016 cerca de 45 billones adicionales. (El Tiempo, 24/05) Simultáneamente una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) vino a respaldar el proyecto oficial. Benedict Clements, su jefe, dijo que “sobre las transferencias estamos de acuerdo con el Gobierno que esa es una reforma importante, que es importante para la salud del sector fiscal y puede ser una reforma clave”. Es decir, que, sobre la base de aliviar los desempeños fiscales, el FMI cree necesario el recorte que el gobierno ha intentado negar de forma sistemática. Esa disminución estaba prescrita por el FMI desde 1999, en el acuerdo extendido ese año, y reafirmada por el acuerdo stand–by de diciembre de 2002 que habló que “una proporción muy alta del gasto público está determinada por obligaciones estatutarias, legislación, o normas constitucionales, algunas veces bajo la forma de rentas de destinación específica. Esta rigidez hace del presupuesto un instrumento de política ineficaz y obstaculiza un re-direccionamiento oportuno de recursos en la medida en que cambian las prioridades”. No se requiere de suspicacia para comprender, por un lado, que el amarre de las “trasferencias” a los ingresos estatales es precisamente una de esas “rigideces” que el FMI ordenó eliminar y, por la otra, que ella se rompe porque pueden surgir prioridades diferentes como “el conflicto” o el pago de la deuda pública. A contramano de las políticas inspiradas por el FMI, los jóvenes estudiantes de básica se han puesto a la vanguardia de la defensa de la educación pública. Dentro de la táctica de Resistencia Civil, han “tomado” colegios y han participado de manera masiva en gigantescas marchas como forma de protesta. Sin causar daños y estragos han encontrado una forma de rebelarse en esas modalidades. El presidente Uribe y su séquito pusieron el grito en el cielo por dicha participación. Han desfilado por la calles de muchas ciudades del país sin que se haya producido desmán alguno y, no obstante, los descalifican con el despreciable “objeto de la manipulación de políticos y maestros”; mientras tanto, de manera irrefutable los voceros estudiantiles han dado muestras de comprender el problema a fondo. La actitud del uribismo no es la misma cuando se usa a los jóvenes para reforzar sus propósitos. ¿No se contrataron jóvenes para promover el Referendo? ¿No se les saca a aplaudir al Presidente en consejos comunitarios? ¿No los movilizan gobernadores y alcaldes para impulsar alguna ocurrencia? Ciertos concejales uribistas de Bogotá han presentado un proyecto de acuerdo para sancionar, dentro de la misma lógica con la que se ha intentado desvirtuar la movilización juvenil, a “adultos que utilicen menores en protestas, paros o tomas de infraestructura para lograr reivindicaciones”. Dicho proyecto no solamente parte de la base de la supuesta ineptitud de los jóvenes para entender y preguntarse sobre su realidad y actuar en consecuencia, sino que además intenta socavar su derecho civil a la protesta pública, al invocar “los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Infancia y las correspondientes al Código de Policía, que van desde una amonestación hasta la entrega en adopción”. Con ello se persigue amedrentar a los padres de los participantes pese a que la misma Ley consagra los derechos de asociación y reunión de niños, niñas y adolescentes, en su artículo 32, “con fines sociales, culturales, deportivos, religiosos, recreativos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitaciones que las que impone la ley”. Por lo visto los espíritus más autoritarios se exasperan cuando los jóvenes se expresan. No pasarán, ¡Viva la juventud patriótica!
