En Colombia se han producido dos recientes noticias en torno al agua. La primera, la enérgica protesta de los trabajadores del Acueducto de Bogotá, donde hay más de uno de cada cuatro usuarios urbanos del país, contra la profundización del modelo de contratación de gestores privados para el manejo de la comercialización y algunas operaciones técnicas y , la segunda, el inicio del Referendo del Agua, una iniciativa popular legislativa para que , contrario a la prédica de los neoliberales y del TLC, el líquido sea un bien público, y el acceso de los ciudadanos a él sea un derecho fundamental, que a nadie se le pueda negar un mínimo vital.
Alentada por el BID, que escogió Pereira como proyecto piloto (afortunadamente aún no concretado del todo), y el Banco Mundial, la privatización de acueductos y alcantarillados, junto con sus secuelas, se propagó como peste. Un Informe Sectorial de la Superintendencia de Servicios Públicos para 2005, contaba que, luego de más de una década de Ley 142, en una muestra de 206 empresas, que funcionan en 312 municipios, 144 entidades entregaron agua no apta para el consumo humano y que, de los cinco millones y medio de usuarios urbanos, el 75% debe ser sujeto a subsidios, son cuatro millones viven en sectores pobres y de ingresos medios.
La privatización en diversas modalidades se impuso, entre otras, en Bogotá (la operación comercial), Tocaima, Agua de Dios, Cúcuta, Neiva, Chía, Melgar, Maicao, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Corozal, Montería, Tunja, Girardot, Tuluá, Palmira, Puerto Colombia, Florencia y Soledad, esta última cuando una alcaldesa hizo de las suyas en asocio con grupos armados ilegales. En casi todos están quienes se han convertido en oligopolio de talla nacional. Aguas Capital (de mayoría de la familia Nule, oriunda de Sucre, que la revista Semana llama “nuevos cacaos”), Aguazul, colombo-italiana unida a Aguas de Roma, Aguas de Barcelona, Vivendi y Ondeo, ambas de Francia, y la Triple A, de las españolas Canal de Isabel II y Tecvasa, empresa privada de Valencia (España).
Un buen ejemplo del fracaso privatizador es Bogotá. La concesión desde 2002 de la fase de comercialización a tres empresas en cinco zonas no cumplió ninguno de los objetivos previstos. El Índice de Agua no Contabilizada está en el 39%, cuando la meta era el 30%, ha costado un billón y cuarto de pesos de sobrecosto, con la tarifa media por metro cúbico más cara de Colombia. Esto y la eliminación de los subsidios, produjo de 2002 a 2005 un alza de del 29% en las tarifas para el estrato 1, del 43% para el 2 y del 41% para el 3. Bajo el mismo modelo se entregó en 1997, en un contrato leonino, la planta de tratamiento de Tibitoc a Vivendi. Tuvo que terminarse con una indemnización de 67 millones de dólares, luego que ya se le habían dado 19 por agua no tratada. Se pactó “una demanda mínima” que se pagaba con o sin uso de la planta. ¡Un verdadero desaguisado!
A contramano, un promedio anual de 236.754 usuarios de Bogotá, entre 1998 y 2005, vieron suspendido el servicio. La mejora en facturación y atención de quejas tampoco arrojó balances positivos y el patrimonio de la empresa, cuyo acrecimiento era otra meta, decreció entre 2002 y 2005 en 11%, los costos subieron 24% y los pasivos en porcentaje igual. Los resultados estaban previstos en un estudio de la Universidad de los Andes que advertía de la facturación adicional por $158.000 millones a la EAAB para el pago de la “gestión”, comparando con lo que le hubiera costado con sus propios recursos. Las pérdidas causadas por el incumplimiento de los “gestores se han aforado en $ 106.455 millones.
Nadie entiende por qué se quiere avanzar en las privatizaciones. El gobierno de Uribe firmó en 2005 un convenio con el Banco Mundial, por 70 millones de dólares, que persigue entre sus indicadores “diez nuevas transacciones con el sector privado usando el marco de la “modernización” y en Bogotá, se planea prorrogar los contratos de los “gestores” y ampliarlos a actividades técnicas y operativas, poniendo en sus manos exclusivas el conocimiento construido por décadas en temas centrales, como ya ocurrió con el manejo del sistema de información comercial, SAP, y cediendo, de hecho, para su usufructo la infraestructura que por más de cinco décadas se construyó con el esfuerzo mancomunado y que es patrimonio público. Para justificar el disparate, el propio gerente de la EAAB ha dicho que un operario dirigido por él es más “ineficiente” que uno dirigido por el sector privado. Es el clásico manido argumento tras el cual se causan pérdidas económicas y sociales. Contra todo esto, debe firmarse y apoyarse el Referendo del Agua, una audaz forma de resistencia para reversar la privatización del agua.
