miércoles, 3 de octubre de 2007

LA APÓCRIFA HISTORIA DE LA AGRICULTURA COLOMBIANA Y LA CRISIS ACTUAL

A raíz del debate del senador Robledo sobre los resultados del sector agrícola en este periodo, cuando su crecimiento ni siquiera alcanza a ser igual a la mitad del resto de la economía y pese al alza general en los precios de los bienes básicos que como el café ha llegado a más de 1,30 dólares por libra, han surgido diversos diagnósticos intentando “recetarle al desahuciado”. El más enrevesado de todos es el de Hommes porque da por cierta una falaz versión de la historia del modelo agrícola colombiano y además critica la actual política sectorial cuando precisamente la que se está aplicando es la misma que él prescribe. Dice que “la política agropecuaria de esta administración ha consistido en subsidiar ricos y proteger cultivos que no son sostenibles. Ha habido algunos aciertos, como la expansión de la palma, y golpes de suerte, pero el grueso de la política ha fracasado, como lo dicen las cifras del Dane”. Plantea que la causa del presente estancamiento sectorial es la repetición de lo que se hizo antes de 1990 cuando supuestamente se gozó “de una total protección contra las importaciones, que no permitió que se desarrollara una agricultura tropical autóctona y auto sostenible. Se subsidió una agricultura apta para otras latitudes que, naturalmente, tenía que protegerse para poder subsistir, y se privilegió una tecnología de producción que no correspondía a la mezcla de factores que existía en el campo colombiano (abundancia de mano de obra y escasez de capital)”. Resulta casi imposible encontrar tanto disparate en tan pocos renglones. Empecemos por demostrar que el desarrollo agrícola nacional se ha hecho fundamentalmente con base en mano de obra barata. Hasta 1985 el salario mínimo rural fue inferior al urbano y en adelante poco o nada cambió. Un estudio de Jaramillo y otros sobre salarios rurales reales entre 1990 y 1998 muestra que, con excepción de las zonas de siembra de cultivos de coca y el centro-oriente del país, el incremento salarial fue negativo. Así mismo, en reciente estudio de Leibovich para 2005 se concluyó que el 66% de los trabajadores rurales ganaban menos del mínimo. Hablar de los supuestos beneficios que el agro recibió otrora como control de importaciones y subsidios en crédito y precios resulta un equívoco. Entre 1950 y 1984, las importaciones agrícolas pasaron de 110.500 toneladas a 1’449.827, y los aranceles cayeron al desaparecer desde 1967 el impuesto de sobreprecio a los importados que regía desde 1950, con recargas entre el 37% y el 54%, y a cambio de lo cual los aranceles adicionales, que estaban en el 16%, apenas subieron al 20%. Vale además recordar que en el lapso entre 1967 y 1983, exceptuando de 1970 a 1974, la tasa de cambio estuvo revaluada favoreciendo las compras externas. Y ni hablar de los precios. Entre 1975 y 1985, los ingresos de cultivos como algodón, soya, sorgo y papa y en general de todas las cosechas comerciales crecieron por debajo del costo de los agroquímicos, que se impusieron por las multinacionales (ahí sí en contra de una tecnología propia para elaborarlos): En todos los casos, sacando al arroz, el índice de precios al consumidor fue inferior al del productor. Es decir, la parte del león fue para el oligopolio internacional que proveía semillas, pesticidas, fertilizantes y maquinaria y allá también fue a parar una buena parte de los puntos a favor que tenía la tasa de crédito para el campo. Decir Hommes que se están protegiendo cultivos “insostenibles” para referirse a cereales, tradicionales y oleaginosas, es olvidar que para Arias es mejor la uchuva que el trigo, y que, al contrario, lo que han hecho es favorecer los mismos renglones que él recomienda. ¿No se incrementaron la palma y el etanol con base en incentivos cuantiosísimos? ¿Ignora Hommes las ventajas dadas a tropicales como caucho, forestales y flores?¿No sabe que en el proyecto “Agro, ingreso seguro”, cereales, oleaginosas y tradicionales, son convidados de piedra? Si de potentados favorecidos se trata, no son los que él invoca en su galimatías sino, al contrario, es el reducido grupo de la apuesta agro-exportadora oficial. Las cifras de 2006 lo ratifican: los grandes productores captaron el 75% del crédito total mientras los pequeños recibieron un 5% menos respecto a 2005; 342 empresas de flores, banano y palma tomaron cerca de $150.000 millones de crédito especial y 25 de caña y palma tuvieron beneficios de cobertura por la baja del dólar por más de $8.000 millones así como también más de $40.000 millones como incentivos de capitalización para dichos cultivos de tardío rendimiento. Entre tanto, los transitorios, como arroz y maíz, vieron reducidos los recursos para capital de trabajo en 27% con relación a 2005. ¿Para dónde corre entonces el dinero oficial? ¡Por Dios, acusen a Arias de todo menos de defender la soberanía alimenticia de Colombia!