EL PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TLC: LA MESA AÚN MÁS DESNIVELADA

Se discute actualmente en las comisiones segundas de Senado y Cámara en el Congreso de la República el Protocolo Modificatorio del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Se trata de los cambios producidos al texto surgidos de la negociación entre la administración Bush y el Partido Demócrata, que tiene la voz mandante en el Legislativo de dicho país -desde las elecciones de noviembre de 2006- y que anunció una nueva plantilla para el comercio. Colombia no fue siquiera “convidado de piedra” en ese trámite, solamente participó cuando el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, recibió la orden de comprar un tiquete para ir a Washington a firmar. Un acto más de subordinación del gobierno de Uribe en la indignante ruta seguida en aras de la “consecución” de este TLC.

Las modificaciones se dieron en el texto y no en cartas adjuntas. Quedó desmentido el uribismo (una vez más) que aseguró, cuando se discutía en el primer semestre de 2007, que el TLC conservaría la versión original. Tuvo razón el senador Robledo cuando afirmó que el texto aprobado no era el definitivo. Hay 21 páginas de nuevas cláusulas sobre 9 de los 24 capítulos: laboral, inversiones, ambiental, propiedad intelectual y solución de controversias, entre los relevantes.

El Partido Demócrata tenía una doble finalidad: por un lado, “dar contentillo” a sus bases sindicales, ambientalistas y de organizaciones de derechos humanos, a las que debe el repunte político, y, por el otro, no contrariar a las empresas multinacionales, decisivas en las decisiones políticas y sin las cuales en el Imperio “no hay poder posible”. De ese malabarismo resultó este Protocolo que no resarce a Colombia en nada de las lesiones estipuladas sobre la soberanía territorial, económica, jurídica y alimentaria ni menos en la cesión pactada de derechos fundamentales.

El nuevo texto es el concurso de más normas proteccionistas a favor de Estados Unidos. Se excluyó la posibilidad de aceptar en Norteamérica inversiones extranjeras en las operaciones portuarias a raíz de la alarma que se suscitó cuando por motivos del TLC con Omán existió la posibilidad de admitir dineros árabes en esta área. En materia laboral, sobre la que se hizo mucha bulla, se consignó que “las partes ratifican sus obligaciones como miembros de la OIT”; un truco para abroquelar más a Estados Unidos. Según RECALCA, los países no han contraído iguales compromisos: mientras Colombia ha ratificado 29 convenios, ellos apenas dos. Al confirmarse cinco derechos fundamentales de los trabajadores, el de asociación, el de negociación colectiva y el de la eliminación tanto del trabajo forzoso como del infantil y de cualquier tipo de discriminación en el empleo, su cumplimiento cabal sólo quedó supeditado a la legislación en cada país. De ese modo, no se dan reformas legales al laxo régimen laboral norteamericano pero se acredita el colombiano que es más estricto al respecto; siendo un ardid para que de esa “letra menuda” pueda pensarse que las eventuales exportaciones colombianas hacia el Norte no estarán subsidiadas por el envilecimiento del trabajo y pretender disipar así los temores de desplazamiento laboral que por tal razón preocupan mucho a las uniones gringas de trabajadores.

El nuevo capítulo ambiental introduce el respeto de los dos países a algunos acuerdos internacionales como el de la prevención de la Contaminación por Buques o el de la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, totalmente insustanciales en este caso, pero sí excluyendo a los más importantes como el de Kioto, el Protocolo de Biodiversidad de Río, el de Bioseguridad de Cartagena y el de Basilea, que reglamenta el transporte y la disposición de residuos tóxicos especiales. Las controversias sobre degradaciones ambientales sólo operarán con relación a “los acuerdos cubiertos”. El Capítulo de Propiedad Intelectual vuelve discrecionales de los gobiernos y opcionales la aplicación de algunas de las dañinas disposiciones que prorrogan las patentes de los medicamentos, que impiden el acceso a los genéricos y que someten la salud pública al lucro de las farmacéuticas internacionales. Se deja en manos de gobiernos dóciles y sumisos el derecho a la vida de los ciudadanos al no suprimirse las normas que en el TLC hacen de la salud un negocio. La lectura minuciosa del Protocolo permite aseverar que las ilusiones tenidas sobre las mejoras al TLC fueron quimeras y que Colombia de rodillas acepta lo que venga de la Estrella Polar del Norte como en tiempos infaustos de Marco Fidel Suárez.

Por qué apoyar a Aurelio al Concejo de Bogotá?

Aurelio Suárez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. En 1971, durante el gran movimiento estudiantil de esa época, fue, junto a Jorge Enrique Robledo, con quien ha compartido luchas durante casi cuatro decenios, uno de los principales dirigentes de la Juventud Patriótica, organización juvenil del MOIR.

A mediados de los años setentas, el MOIR desarrolló con sus militantes la campaña de los “pies descalzos”, consistente en estimular a sus intelectuales y estudiantes a trasladarse a ciudades intermedias y pequeños poblados para sembrar entre campesinos y obreros las ideas de la necesidad de un profundo cambio político y social y participar con ellos en la construcción de ligas campesinas, cooperativas agrarias, sindicatos y otras organizaciones necesarias para la gran tarea de la movilización popular transformadora. Aurelio fue uno de los primeros en responder al llamado de su partido y por ello fijó su residencia en el departamento de Risaralda, región donde estuvo hasta principios del actual milenio. En esos casi treinta años recorrió palmo a palmo el departamento, conoció de cerca los problemas y dificultades de sus pobladores, estudió y escribió ampliamente sobre la economía cafetera y la política de la región y acompañó las luchas cívicas de los distintos sectores sociales de la región, ganándose así el cariño y el respeto de los risaraldenses, en especial de los más oprimidos y golpeados por las políticas. Fue elegido diputado a la Asamblea de Risaralda, donde se destacó por su seriedad y valentía y por la claridad en los análisis y la firmeza en las denuncias contra los programas y los atropellos de los gobernantes de los partidos tradicionales.

En 1985, Aurelio Suárez y Jorge Robledo fundaron la Unión Cafetera Colombiana, con sede en Manizales, la que rápidamente se convirtió en un instrumento clave para la lucha de los pequeños y medianos productores de café contra los atropellos y las políticas del gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros. Y lo mismo ocurrió años después cuando los arroceros del Tolima, el Huila y los Llanos, bajo la dirección de Ángel María Caballero, decidieron unir sus esfuerzos con los cafeteros dirigidos por Robledo y Suárez, y crear la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria para enfrentar la arremetida neoliberal de la apertura económica que se impuso en Colombia en la década de los años noventas. Aurelio es actualmente el Director Ejecutivo Nacional de esta importante organización agraria.

Simultáneamente, y durante más de dos décadas, Aurelio Suárez fue catedrático en las universidades Tecnológica de Pereira, Católica Popular de Risaralda, Universidad Libre – seccional Pereira-, la del Quindío y la de Manizales. Y también incursionó en el periodismo, convirtiéndose en uno de los columnistas más leído y respetado en periódicos como La Tarde, de Pereira, y El Nuevo Día, de Ibagué. Ha sido, igualmente, colaborador habitual de la revistas Deslinde, de Cedetrabajo, y Agricultura Tropical.

Al arreciar la ofensiva neoliberal en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con su pretensión de Imponer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Aurelio se trasladó a Bogotá para desempeñar la tarea política de ser uno de los baluartes en la batalla contra el TLC y de la creación y funcionamiento de Red contra el Libre Comercio y el ALCA, Recalca, tarea que ha cumplido con gran éxito y que le ha exigido un gran esfuerzo intelectual e incluso físico, pues ha debido recorrer el país en miles de reuniones y conferencias, viajar como representante colombiano a importantes eventos internacionales sobre el neoliberalismo y sobre economía cafetera, tanto en América Latina como en Estados Unidos, Europa y Asia, y escribir centenares de artículos y ponencias y varios libros entre los cuales es necesario destacar Modelo del FMI. Economía Colombiana 1990-2000 (Publicado en el año 2002); Crítica al ALCA (2003); El campo, una carta por jugar. Perspectiva del agro colombiano (2005. Coautor), y El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización, lanzado en la Feria del Libro 2007.

Sus conocimientos, su dedicación y su capacidad de trabajo fueron credenciales suficientes para que se desempeñara como asesor de Carlos Gaviria, en temas económicos y educativos, en la exitosa campaña presidencial del Polo Democrático Alternativo.

Este breve perfil de Aurelio Suárez y sus ejecutorias permite confiar en que en las elecciones de octubre de 2007 el Polo Democrático Alternativo tendrá en el Concejo de Bogotá un concejal de lujo. Apoyémoslo, con la seguridad de que Aurelio Suárez en el Concejo Distrital será un luchador popular tan destacado como lo ha sido Jorge Robledo en el Senado de la República.

Por Carlos Naranjo, Director Revista Agricultura Tropical

DE TRANSMILENIO, MEGABÚS Y OTROS DEMONIOS

Todavía no he olvidado la expresión del alcalde Peñalosa en diciembre de 2000 cuando se inauguró Transmilenio y se le indagó sobre la suerte futura de los pequeños transportadores, “Será la misma de quienes sólo tenían una azadón cuando llegó el tractor”. Tal aserto, de por sí bastante desconsiderado, no recibió el reproche general de los ciudadanos quienes entonces estaban obnubilados con la aparición de lo que se llamó el Sistema Integrado de Transporte Masivo. Esa alegría no perduró. En todos los sondeos de opinión de los últimos dos años Transmilenio recibe calificaciones más bajas que el modo tradicional de buses y busetas. La frecuencia inadecuada de las distintas rutas, los largos tiempos de espera en las estaciones y el excesivo número de pasajeros, (que ha hecho que de manera coloquial se le llame como “Trasnmuylleno”) asociado con la inseguridad sufrida por los ciudadanos dentro de los buses, y el altísimo precio de la tarifa se señalan como causas del desengaño. Recientes notas periodísticas de Eduardo Sarmiento y Armando Silva coinciden en anotar que la privatización del transporte, que se concretó entre el Distrito y el puñado de empresarios privados tuvo como prioridad las tasas de rentabilidad de la inversión antes que la eficiente prestación del servicio. La concesión de la operación del Sistema se concretó en un contrato que es una lesión enorme al patrimonio público, de las más aberrantes en la historia nacional. En él se plasman iniquidades como que la tarifa pagada por 1,3 millones de usuarios al día debe asegurar el cubrimiento de los costos, la recuperación del capital invertido y el retorno de la inversión. Para cumplir con ello, pese a que entre el Distrito y la Nación gastaron casi $3,5 billones en la construcción de los carriles exclusivos y de sus embarazosas reparaciones, los agentes privados, que en el montaje de los vehículos no gastaron sino una séptima parte de esa suma, se quedan con el 96% de lo recaudado. Esa ventaja se garantiza con artilugios como el establecimiento de una tarifa paralela que contabiliza mensualmente los costos y los cubre con fondos especiales si con lo pagado por los consumidores no es suficiente o con cláusulas que le reconocen a las empresas un número fijo de pasajeros por kilómetro, aunque no utilicen el Sistema. Según Sarmiento, las tarifas de Transmilenio le significan a los hogares pobres el 17% de sus ingresos mientras las empresas obtienen rentabilidades del 40%. Esta estructura acelera la fase de agotamiento de este sistema, lo descalifica como solución única a la “movilidad” de los bogotanos y dificulta una respuesta racional a las sentidas demandas ciudadanas al respecto. El modelo Transmilenio ha empezado a replicarse por Colombia. En Pereira, donde está cumpliendo un año de funcionamiento el Megabús, se han cometido anomalías similares a las de Bogotá. La adjudicación de su principal troncal tuvo evidentes irregularidades, el diseño de la ruta se modificó, introduciéndola por el centro de la ciudad en busca de un cierre financiero a favor de los empresarios, entre los que se encuentra uno de los operadores de la capital del país, golpeando a los pequeños comerciantes y produciendo un trancón sin salida; y, pese a todo, el cálculo de 140.000 pasajeros diarios como punto de equilibrio está lejos de cumplirse. Las obras complementarias están paralizadas y las calles pereiranas se invaden de motocicletas, lo mismo que en Bogotá; como alternativa económica viable para muchas familias en comparación con los costos de transporte derivados de los contratos leoninos. ¿Quién paga “los platos rotos”? El último Plan Nacional de Desarrollo aprobó como mega-proyecto la difusión del sistema Transmilenio para ciudades como Cali, mancillado ya por sobrecostos y desaguisados, Bucaramanga, Medellín y Cartagena, entre otras, y expandir el de Bogotá incluyendo absurdos como la ruta por la carrera séptima. Después de lo visto no se sabe bien si el propósito uribista es más bien difundir los fementidos contratos por doquier. Por lo visto ya en Pereira, tal parece que fuera la verdadera intención. Así las ciudades colombianas se van alejando de verdaderas soluciones sociales en transporte y se van amarrando a una que, por sus características contractuales, propende hacer de este servicio esencial un negocio particular de claro corte neoliberal. El típico caso que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, el de los empresarios subsidiados por los usuarios y el Estado a fondo perdido; se ha reforzado, con mecanismos más sutiles, la estructura corrupta que ha regido el transporte urbano en Colombia y es, según Silva, “la peor privatización, que usufructúa 10 millones de pasajes diarios para enriquecer a cinco propietarios”.

REVALUACIÓN, INFLACIÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA REVERSIÓN DE LA TENDENCIA

El hecho macroeconómico nacional más relevante de lo corrido en los últimos dos años es la revaluación. En enero de 2006 el dólar se cotizó a $2.283 y para julio de 2007 estaba a $1.950, un alza nominal del 14,5%. Ese fenómeno obedece a un ingreso masivo de divisas a la economía y, aunque Uribe repite que esto “demuestra la confianza de los inversionistas”, cualquiera sabe que ha sido una tendencia mundial causada por la liquidez de dólares en la organización económica mundial. En Brasil, por ejemplo, a mediados de 2004 se daban 2,65 reales por un dólar, en abril de 2007 el cambio era de 2,02 y el 30 de julio pasado el valor promedio en las transacciones fue de 1,872 reales por dólar, marcando un récord histórico.

En Colombia las razones que inciden en esa revaluación son: Las privatizaciones y la venta de empresas, al monetizar en pesos los dólares recibidos en dichas operaciones, las remesas enviadas por los emigrantes a sus familias y aforadas en cerca de 3.500 millones de dólares anuales y una cantidad no despreciable de flujos encubiertos de negocios ilícitos. No obstante, como lo han advertido algunos analistas, además de las exportaciones, existen nuevas fuentes de divisas. Se trata de recursos obtenidos a bajas tasas de interés en el exterior y prestados en Colombia a valores mayores. En enero de 2002, la tasa de interés del Banco de la República era del 8% mientras la de la Reserva Federal de Estados Unidos era de algo menos del 2% y en todo el periodo hasta 2007 el diferencial entre la tasa interna y la externa se ha mantenido al menos en tres puntos y medio; lo cual, sumado al índice de revaluación, produjo jugosos réditos a los agentes financieros. Se configuró un círculo vicioso: a más ingresos de dólares, más revaluación, reforzando una tendencia económica soportada en ese tipo de especulación más que en la afamada Seguridad Democrática.

¿En dónde se han reinvertido las divisas traídas con tales fines? Un informe reciente sobre el crecimiento económico de Bogotá en el primer semestre de 2007 arroja algunas luces. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de un auge inmobiliario sin precedentes. Se dice que las transacciones de finca raíz en esa Capital entre enero y marzo sumaron 4,4 billones de pesos y eso ocurre paralelamente con que allí mismo se esté generando el 50% del mercado financiero de Colombia. Estos dos renglones, el inmobiliario y el financiero, son ahora los responsables del PIB y del crecimiento de dicha ciudad y han arrastrado al del resto del país. Así mismo, Fedelonjas informa que el número de inmuebles transados en el país creció en un 18 por ciento y, lo más importante, es que “la valorización inmobiliaria hoy se acerca en promedio ponderado en las 10 principales ciudades colombianas al 15 por ciento anual”, y que el sector de la construcción entre enero y mayo “tuvo un crecimiento en licencias aprobadas del 20 por ciento” frente a igual período en 2006.

De lo expuesto se desprende que por el conducto de dólares traídos de afuera a bajo costo se ha capitalizado un desarrollo constructivo e inmobiliario que ha creado a su vez una burbuja especulativa, con una sobrevalorización de los inmuebles, a donde se ha trasladado la inflación desplazando a la burbuja del mercado accionario y bursátil que en 2006 al reventarse lesionó la rentabilidad de los fondos de pensiones y llevó a la quiebra a algunos agentes. ¿Son eternos estos ciclos económicos? Definitivamente no. Cuando la demanda comienza a agotarse o cuando la expansión ha obligado a incorporar a algunos grupos sociales cuyos ingresos no alcanzan a cubrir los costos de financiación de los inmuebles adquiridos, comienza el pánico. La crisis asiática estalló luego de que en ciudades como Kuala Lumpur o Bangkok se vino abajo un boom de finca raíz extraordinario que se había dado.

Las últimas noticias hablan de un estancamiento del sistema hipotecario norteamericano basado en fondos que se aplican a ese mercado y que están sufriendo por el retraso en los pagos de muchos hogares y por un debilitamiento en la demanda. El viernes 10 de agosto esto causó una oleada de turbulencias en las bolsas del mundo porque los inversionistas están realizando sus posiciones en dichos fondos y demandando dólares. El ducto montado desde el Norte hacia los mercados emergentes podría cambiar de dirección y eso traería dolorosas secuelas marcadas por una grave devaluación ocurrida por salidas masivas de dólares. Habría llanto y crujir de dientes y se daría al traste con las peregrinas teorías que les atribuyen a los Mesías criollos los frágiles hechizos de la especulación financiera mundial.

EL AGUA EN LOS TIEMPOS DEL DOLOR

Parodiar el título de la bella novela de García Márquez, “El amor en los tiempos del cólera”, puede servir para hacer la conjunción entre dos grandes aventuras que algunos colombianos han emprendido en los últimos tiempos. La primera, la más renombrada, la del profesor Gustavo Moncayo que ha manifestado, a través de una caminata de más de 1.000 kilómetros, el sentido dolor de un padre que ha tenido a su hijo secuestrado por 9 años y, la segunda, la navegación que por el Río Magdalena emprenderán desde el 8 de agosto, entre Barranquilla y Girardot, un grupo de ciudadanos, ambientalistas, biólogos y activistas sociales, quienes realizarán así una cruzada nacional para motivar entre los colombianos el apoyo a un referendo para que el líquido vital sea considerado en nuestra Constitución como un bien público y un derecho fundamental de los ciudadanos.

Moncayo ha unificado en un sentimiento común a millones de colombianos agobiados por miles de dolamas causadas tanto por el conflicto interno como por los padecimientos ocasionados por la concurrencia de éste y de otras terribles tragedias, entre ellas la económica que ha arrojado a la ruina y al desplazamiento interno o a la emigración a tantas víctimas como las que la violencia ha generado.

Es el mismo dolor nacional que ha querido ser aprovechado por quienes fungen de Mesías redentores y ven vulnerado dicho rol cuando el país mediante el acto casi desesperado de un sencillo profesor pone en evidencia que la obligación gubernamental de agotar, con sinceridad y arrojo, todas las vías posibles para lograr la liberación de los secuestrados no ha sido cumplida. ¿Si la sensatez no proviene de quienes juraron defender los bienes y la vida de todos los ciudadanos, entonces de qué lado vendrá? Lo demás son argucias y malabares para encubrir una visión oficial que tiene como única solución echar bala y que inclusive confunde los acuerdos políticos necesarios para las acciones humanitarias, válidas en medio del conflicto, con su concepción sobre cómo llegar al desenlace final y para lo cual, si lo cree necesario, no repara en llevarse por delante derechos democráticos de los asociados.

Los navegantes del Río Magdalena también interpretan otro agudo reclamo de millones de colombianos: el de carecer de agua suficiente y apta para el consumo humano. Se sabe que de los 1.100 municipios de Colombia casi 900 no entregan agua apta para el consumo humano y que en las zonas rurales del país se cuentan con los dedos de la mano los pobladores rurales que consumen agua potable. Algunos cálculos estiman que para el año 2015 la mayoría de nuestros compatriotas carecerán de agua. Las respuestas institucionales a un problema de esa magnitud ha sido la de privatizar, privatizar y privatizar. El resultado es el incremento exponencial de las ganancias de las empresas particulares y también un aumento paulatino de hogares que ven en cada periodo suspendido el servicio por falta de pago. En Bogotá, verbigracia, uno de cada ocho usuarios, en promedio al año, ve cortado el suministro. Es urgente un cambio en nuestra legislación que impida esa arbitrariedad, que reverse las privatizaciones y que no permita que se avance hasta el extremo, como lo prescribe el TLC, de entregar a firmas particulares el manejo de cuencas y de fuentes. Debe añadirse en nuestra Carta que el agua ha de ser un bien público con todas las características que ello implica, que sea inalienable, inembargable e imprescriptible.

El profesor Moncayo y los navegantes por el Río Magdalena, en la campaña del agua, están representando formas de Resistencia Civil tanto contra el autoritarismo como contra el neoliberalismo, precisamente dos de las características esenciales del régimen que nos gobierna. También las comunidades indígenas del Cauca hicieron una travesía desde sus resguardos hasta la Capital invocando al país a la Dignidad Nacional. Vendrán nuevas expresiones como éstas que serán rodeadas por los colombianos. Y cada vez que tales ejemplos se repitan, sin que se resuelvan las sentidas demandas de la sociedad colombiana, se irá gravando en la piedra de la historia un triste nombre para este periodo en el cual se entronizaron los más reaccionarios modos de gobierno: el de los tiempos del dolor.

PERFIL AURELIO SUÁREZ MONTOYA

La Hoja de Bogotá. Junio de 2007

Por Santiago Espinoza

Apoyado en la realidad, nutre con cifras sus convicciones de ayudar a construir una mejor ciudad.

Desgarbado, flaco y locuaz, aparece casi por lo general en medio de los debates al TLC. En las universidades, en los foros gremiales o en los salones del Congreso, comenzó a sonar este conferencista de 1,71 de estatura, modelo 1953, que oculta el insomnio tras unas enormes gafas de investigador. No de ahora, dicen quienes lo conocen, sino desde siempre, tan pronto le dan la palabra en cualquier recinto, es como si entrara una aplanadora: con su discurso pausado y combativo a la vez, le bastan entre 15 y 20 minutos para convertir cualquier audiencia en un mitin contra el libre comercio. Y no es para menos: maneja cifras más actualizadas que el gobierno; al power point de los tecnócratas opone un uso cuidadoso del castellano y le basta un chiste para mostrar que las tesis neutras y sonoras a favor del tratado, son en realidad –según él- un maremagno de contradicciones.

Ministros y especialistas han tenido que padecerlo. ¿Quién es ese tipo? Se preguntaban mientras sacaban los portátiles para verificar las cifras o esperaban en los celulares una llamada salvadora. ¿De dónde salió este tal Aurelio Suárez? Fue entonces cuando tuvieron que recordar los años universitario, aquellos 70 cuando el mayo del 68 francés se vivió en las aulas de la Universidad de los Andes. Aurelio, el entonces estudiante de Ingeniería Industrial, fue una de las cabezas de aquella revuelta que, entre la música de Manis Joplin y las ideas de Mao Tse Tung transformó para siempre la vida universitaria.

Fue allí donde comenzó su carrera política, cuando se sumó al partido que ocupa ya 35 años de su existencia, el MOIR, y cuando conoció a la sombra tutelar que ha seguido rondando, con plena persistencia, todos los actos de su vida madura: Francisco Mosquera, el fundador al que le debe, en sus propias palabras, el hecho de haberse convertido en un "constante indagador de la realidad", en un hombre que, como el salmón, tiene la profesión de la contracorriente.

De aquellos años en los Andes le quedó a Aurelio la que ha sido su eterna pareja: la política, pero también le quedó la presencia irremplazable de su mejor amigo, el Senador Jorge Enrique Robledo. Hombro a hombro lideraron la revuelta, cuando a Aurelio lo echaron de la casa –era los tiempos cuando la izquierda era el sinónimo del diablo-, se fue a vivir a casa de Robledo, y como la plata no alcanzaba, tuvieron que partir los panes y los huevos, para desayunar los dos frente a un solo plato. En el momento que acabaron sus carreras, el MOIR ordenó a sus cuadros partir para la provincia en la llamada política de "los pies descalzos". Robledo se fue a Manizales; Aurelio, a Pereira, y mientras investigaban el café, viviendo y sufriendo al lado de los campesinos, se volvieron catedráticos universitarios y conformaron la agremiación que hoy sopesa las políticas de la Federación de Cafeteros: Unidad Cafetera. Los dos, cada cual por su cuenta pero en las mismas correrías de la política, conocieron buena parte del país, 40 países del mundo, y se volvieron la voz visible de unos agricultores que eligieron a Aurelio en 1994 Diputado de Risaralda, y a Robledo, más tarde, Senador de la República. Hablar del uno es hablar del otro, hasta confiesa Aurelio, en una anécdota que ilumina aquella vida compartida: "como tenemos la misma estatura, hasta nos casamos con el mismo vestido".

Después de tantos años de resistencia civil, Aurelio, para conformar el Polo Democrático Alternativo, dirigir la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y apoyar la Red Contra el ALCA y el TLC (RECALCA) se devolvió al frío y a los afanes bogotanos. Carlos Gaviria, desde cuando lo vio hablando por primera vez, tradujo esa admiración mutua en trabajo político y lo nombró su asesor de campaña. En la capital se re-encontró con sus amigos y detractores, dice: "cuando me metí en esto hubo gente que me dijo que estaba botando mi vida. Creo que hoy puedo demostrarles lo contrario". Y ahí se le ve, en los cafés o en los auditorios, discutiendo, explicando modelos económicos en los reveces de las servilletas; agitando las manos como si machacara los argumentos con el filo de las palmas. Tiene una memoria tan prodigiosa para los nombres y las cifras, que no tiene que envidiarle nada a una de sus grandes pasiones, las novelas de Balzac. También es un hombre que, como buen marxista, entiende la relación inseparable entre la teoría y la práctica. De ahí que inmiscuya la política en todos sus asuntos, hasta para explicar las derrotas deportivas de su querido millonarios. Algunos lo han apodado el "polemista", y sobre esto responde: "se quejan porque decimos a todo que no. Pero yo les pregunto hoy: ¿a qué cosa se le puede decir que sí?".

De esta insatisfacción por la situación actual, como resultado de muchos años de trabajo político, investigación académica, Aurelio lanzó su candidatura para el Concejo de Bogotá, apadrinado por el amigo que lo ha acompañado en todas sus batallas, Jorge Enrique Robledo. "Mi propuesta es ir en contra del modelo neoliberal. Mostrar que Bogotá no es la 'ciudad bonita', que es una ciudad fragmentada entre algunos pocos que se llevan los beneficios, y la gran mayoría que los padece. Aquí el problema principal no es la movilidad, es la movilidad social: estamos en una ciudad donde el que nace pobre, muere pobre, y eso es lo peor que le puede pasar a una ciudad". Así argumenta, con la vehemencia y la precisión del que ha entregado su vida a la política y su voz a los que no la tienen.

El último libro

Aurelio ha escrito cinco libros de Economía Política. El último, El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización, fue el título de su género que más se vendió en la última Feria del Libro.

El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización

Autor: Aurelio Suárez Montoya.

Ediciones Aurora, 2007. 221 páginas.

Por: Mario Alejandro Valencia, comité de redacción de Deslinde.

Aurelio Suárez Montoya es, quizá, uno de los pocos colombianos que puede demostrar su conocimiento profundo de las condiciones del campo nacional, no sólo por su avanzado nivel teórico, sino porque ha recorrido palmo a palmo sus territorios.

Este nuevo libro que nos presenta Aurelio Suárez es una recopilación de ambas experiencias. Por un lado, tiene un serio y completo análisis histórico de la agricultura del país y, por el otro, a partir de la realidad presente y de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y de la exposición a la cual quedará sujeta, plantea un sombrío panorama futuro en el marco de la globalización contemporánea donde quedan excluidos los alimentos básicos –cereales y oleaginosas- del campo nacional y se adopta la especialización del sector en productos tropicales. Se consolidará una agricultura de tipo colonial.

La primera parte del libro muestra el devenir de la agricultura nacional siguiendo elementos que según el autor han sido estructurales en su conformación. La estructura de la propiedad rural, la producción de alimentos (estimando en kilos por habitante la dotación básica), la economía cafetera, la remuneración del factor trabajo y el hato ganadero.

En cuanto a las políticas públicas hacia el agro, Suárez devela su casi total ausencia durante cerca de un siglo, con excepción de los fallidos intentos por consolidar exportaciones en bienes en los cuales se suponía existía ventaja comparativa, acorde con los teoremas de David Ricardo entonces en boga. Sin embargo, ya entrado el siglo XX era todavía notoria la falta de aplicación de tecnología o de capital en los campos. Solo hasta 1913, con la creación del Ministerio de Agricultura, se impulsó la utilización de fosfatos, cales y potasa. Excepto la expansión cafetera, ocurrida desde el último cuarto del siglo XIX, nada modificó las condiciones del atraso rural marcadas desde la Colonia. Parte del trabajo de Suárez consiste en mirar cuál de los factores de producción es el que incide en el crecimiento del sector en cada periodo. Hasta 1950, asegura, que la tierra fue el elemento dinámico.

A partir de entonces, se aborda un periodo de “modernización” de la agricultura ya bajo las orientaciones de la política estadounidense que comenzó a imponerse en estos países en la segunda posguerra a través de misiones especiales y de instituciones internacionales. A diferencia de lo presentado en el primer periodo de análisis, en esta etapa el desarrollo agrícola se apalancó mediante la introducción de capital en forma de crédito, proveniente de los organismos multilaterales, con el propósito de promover un nuevo modelo tecnológico, conocido como la “revolución verde” y consecuente con la necesidad norteamericana de colocar excedentes de capitales y de mercancías en mercados externos. A través del CIAT, la AID, la fundación Rockefeller, la fundación Kellog’s, entre otros, bajo la mampara del “desarrollo tecnológico”, se dedicaron a incentivar cultivos y semillas que requerían mayores sumas de capital de trabajo para inversión inicial, produciendo una agricultura que dependía en alto grado de herbicidas y fertilizantes y la venta de semillas modificadas genéticamente. Los paquetes técnicos incorporados ocasionaron que los insumos fueran el ítem más importante en la estructura de costos del sostenimiento de los cultivos seleccionados, siendo inclusive superiores a los ingresos percibidos por las cosechas. Se montó un esquema de traslado de valor desde el agro hacia el oligopolio productor de agroquímicos y hacia las entidades prestamistas. No todos los productos se incorporaron a este nuevo diseño; a otros, como el trigo y la cebada, se les decretó la extinción por la vía de las importaciones subsidiadas o como el maíz, el cual se empezó a sustituir por el sorgo. En este periodo, como lo indica el autor, la alta concentración de la tierra no se modificó. Según sus investigaciones, entre 1960 y 1984, de cada 100 hectáreas que se incorporaron a la frontera agrícola más de la mitad fueron para predios de más de 500 hectáreas y menos del 4% para los de menos de 20 hectáreas.

Aurelio Suárez también acomete la explicación del resultado de la aplicación del modelo neoliberal desde 1991 y cómo se fraguó la eliminación de las formas campesinas y capitalistas de la producción nacional de bienes transitorios. Esto, combinado con la problemática cafetera, inducida también por el neoliberalismo al decretarse la equiparación de los precios internos de compra de las cosechas con las cotizaciones internacionales del grano, ocasionó una crisis recurrente, en 1992, 1996 y 1999, que se ha convertido en estructural. En este lapso se hizo todavía más desigual la distribución de la propiedad rural (como que el 0,4% de los propietarios controla el 65% del suelo) y se ahondó en la especialización en bienes como palma aceitera y caña de azúcar. Es lo que el autor llama acertadamente “peor de lo mismo” para calificar la política agropecuaria de Álvaro Uribe en cinco años. Prueba de ello es que el factor dinámico del sector es la productividad del trabajo, remunerada en más del 60% de todos los trabajadores rurales con salarios inferiores al mínimo legal. Desde 1990, hay un marcado retroceso productivo del campo.

En cuanto al TLC, en tanto éste eliminará todos los mecanismos de protección de los agricultores colombianos, Estados Unidos, cuya agricultura, tal como lo narra el autor, ha gozado de avances técnicos importantes desde finales del siglo XVIII, de políticas públicas de apoyo con cuantiosos recursos desde hace más de un siglo y de un sistema distributivo de la tierra más equitativo que el de Colombia, mantendrá sus enormes subsidios; el resultado es la licencia para la venta de los excedentes de producción norteamericanos a precios por debajo de sus costos de producción; es decir, el dumping.

Este completo panorama le permite concluir al autor que el atraso de la agricultura colombiana se debe fundamentalmente a que el país nunca tuvo la oportunidad de hacer el tránsito desde el feudalismo hacia el capitalismo. La crisis, entonces no se debe al desarrollo capitalista, sino precisamente a la falta del mismo, por haber adoptado, desde el inicio de la vida republicana, políticas encaminadas a satisfacer la voracidad de los grandes hacendados y, especialmente después de 1950, de las empresas norteamericanas tanto del sector de insumos agroquímicos como de comercialización y producción estadounidenses. Aurelio Suárez reitera que el escaso desarrollo agrícola del país obedece precisamente a que el interés oficial se concentrado en el otorgamiento de beneficios a dichos agentes y no a posibilitar la acumulación de los productores nacionales y por ende, la reinversión de capital en el sector. El TLC es un paso más profundo en esa dirección. Esto permite reiterar que, al acentuarse el modo de producción colonial, que se dedica al cultivo de géneros tropicales se enfrenta una globalización que antes que integrar las distintas agriculturas del mundo, las segrega.

Las personas que hemos tenido la fortuna de estudiar el libro ‘Economía de la Agricultura’, de Jesús Antonio Bejarano, y que sentimos que con su asesinato se cancelaba el debate sobre el modelo agrícola colombiano, vemos con entusiasmo como Aurelio Suárez Montoya, con su profundo conocimiento y admirable compromiso, enarbola tan importante bandera y da valiosos elementos de estudio y análisis para continuar la contienda por la defensa de la agricultura nacional y la soberanía alimenticia colombiana. Esa lucha iniciada por personas como Jorge Enrique Robledo y Ángel Maria Caballero, cuando fundaron la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, dirigida hoy por Aurelio Suárez Montoya, ha logrado que miles de campesinos, empresarios y dirigentes reconozcan como cierto el camino que esta valiosa organización ha trazado.

POLÍTICA “LIGHT” NEOLIBERAL O POLÍTICA DE RESISTENCIA

Con motivo de las próximas elecciones locales se empieza a escuchar aquello que en el común de la opinión se llaman “las propuestas” de los candidatos. En ese campo se marcan fuertes divergencias en torno a las concepciones sobre el modelo regional, urbano y rural, que encarnan y puede asegurarse -como nunca antes- que se han dividido entre aquellas que se aferran a arraigar todavía más el neoliberalismo dominante y las que, al contrario, intentan resistirlo y moderar los catastróficos efectos que en más de una década y media ha ocasionado a la mayoría de los colombianos.

Los neoliberales insisten en la desmembración de las empresas públicas y en privatizarlas; en proyectos de desarrollo urbano donde se privilegian los intereses de fuertes grupos económicos y donde se amenaza hasta con la expropiación a sencillos habitantes en beneficio de poderosos terceros; en sistemas de transporte masivo, como Transmilenio en Bogotá o Megabús en Pereira, donde las inversiones en infraestructura corren por cuenta del Estado en tanto el grueso de los ingresos causados van a las arcas de los empresarios particulares del transporte. Como alucinados, llegan a proponer auténticas entelequias alejadas de la cruda realidad que sufren millones de ciudadanos. Se escucha a quienes, sin sonrojarse, formulan como solución para el desempleo conectar Internet de banda ancha a todos los teléfonos celulares para que puedan “aprovecharse las oportunidades del TLC”. Otros quienes plantean “desaparecer” a los vendedores ambulantes y reemplazarlos por kioscos al estilo Florencia (Italia) o Toronto y hay aquellos que persisten en proponer la bici como medio de transporte al cual validan como ambientalmente amable. Su conducta política y su particular sentido de la ética los induce también a validar como proyectos de interés general los negocios en los cuales en muchos casos están involucrados directamente o mediante testaferros.

Las carencias en educación, salud, empleo, seguridad social, vivienda e ingreso y las condiciones de pobreza, indigencia y desigualdad son la prioridad en los programas de las candidaturas que representan la resistencia al modelo neoliberal. Sin desconocer que, en últimas, son los planes oficiales del gobierno nacional los que imponen un marco general de política pública a los que están subordinadas las iniciativas locales, se incluyen eventuales respuestas, así sean limitadas, que tienden a moderar los padecimientos de las clases sociales medias y pobres.

En la controversia entablada, surge la inseguridad urbana como un problema crucial que se está constituyendo en mentís de los promocionados “logros” de la Seguridad Democrática. Los neoliberales, fieles a los retrógrados criterios que tienen sobre la condición humana, no encuentran otro método de combatirla que incrementar el pie de fuerza pública. Desconocen, como lo ha sostenido de manera reiterada el economista Premio Nobel, Joseph Stiglitz, que hay “una interacción” entre violencia y economía. “Si ésta tiene un mal desempeño se propicia la primera que, a su vez, impacta negativamente el crecimiento económico”. Y cuando se habla de malos desempeños deben destacarse los altos niveles de iniquidad social, todas las mediciones efectuadas muestran que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. De ahí que para acabar la violencia, cualquiera que sea su manifestación, o al menos para reducir sus huellas, es menester acudir al cambio de los paradigmas económicos que la han generado. Hay que hacer algo más que el cabal cumplimiento de los deberes estatales en el amparo de la vida y bienes de los asociados.

Los ciudadanos el próximo 28 de octubre van a tener que tomar decisiones frente a las opciones expuestas alrededor de estos temas. Los votos depositados por una u otra posición en cada municipio, por apartado que sea, mostrarán si en Colombia se incrementa paulatinamente la corriente que pide reversar el neoliberalismo. De darse esto, el primer deber de los elegidos será encabezar la batalla nacional contra su vigencia, solamente así será posible paliar las secuelas que engendrarán tanto el TLC como el recorte de las transferencias presupuestales del gobierno central a las regiones para atender la salud y la educación de sus pobladores. Estas son dos perversidades del uribismo con la que los nuevos gobernantes tendrán que lidiar y que alientan las propuestas light de los neoliberales de todas las comarcas.