Se discute actualmente en las comisiones segundas de Senado y Cámara en el Congreso de la República el Protocolo Modificatorio del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Se trata de los cambios producidos al texto surgidos de la negociación entre la administración Bush y el Partido Demócrata, que tiene la voz mandante en el Legislativo de dicho país -desde las elecciones de noviembre de 2006- y que anunció una nueva plantilla para el comercio. Colombia no fue siquiera “convidado de piedra” en ese trámite, solamente participó cuando el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, recibió la orden de comprar un tiquete para ir a Washington a firmar. Un acto más de subordinación del gobierno de Uribe en la indignante ruta seguida en aras de la “consecución” de este TLC.
Las modificaciones se dieron en el texto y no en cartas adjuntas. Quedó desmentido el uribismo (una vez más) que aseguró, cuando se discutía en el primer semestre de 2007, que el TLC conservaría la versión original. Tuvo razón el senador Robledo cuando afirmó que el texto aprobado no era el definitivo. Hay 21 páginas de nuevas cláusulas sobre 9 de los 24 capítulos: laboral, inversiones, ambiental, propiedad intelectual y solución de controversias, entre los relevantes.
El Partido Demócrata tenía una doble finalidad: por un lado, “dar contentillo” a sus bases sindicales, ambientalistas y de organizaciones de derechos humanos, a las que debe el repunte político, y, por el otro, no contrariar a las empresas multinacionales, decisivas en las decisiones políticas y sin las cuales en el Imperio “no hay poder posible”. De ese malabarismo resultó este Protocolo que no resarce a Colombia en nada de las lesiones estipuladas sobre la soberanía territorial, económica, jurídica y alimentaria ni menos en la cesión pactada de derechos fundamentales.
El nuevo texto es el concurso de más normas proteccionistas a favor de Estados Unidos. Se excluyó la posibilidad de aceptar en Norteamérica inversiones extranjeras en las operaciones portuarias a raíz de la alarma que se suscitó cuando por motivos del TLC con Omán existió la posibilidad de admitir dineros árabes en esta área. En materia laboral, sobre la que se hizo mucha bulla, se consignó que “las partes ratifican sus obligaciones como miembros de la OIT”; un truco para abroquelar más a Estados Unidos. Según RECALCA, los países no han contraído iguales compromisos: mientras Colombia ha ratificado 29 convenios, ellos apenas dos. Al confirmarse cinco derechos fundamentales de los trabajadores, el de asociación, el de negociación colectiva y el de la eliminación tanto del trabajo forzoso como del infantil y de cualquier tipo de discriminación en el empleo, su cumplimiento cabal sólo quedó supeditado a la legislación en cada país. De ese modo, no se dan reformas legales al laxo régimen laboral norteamericano pero se acredita el colombiano que es más estricto al respecto; siendo un ardid para que de esa “letra menuda” pueda pensarse que las eventuales exportaciones colombianas hacia el Norte no estarán subsidiadas por el envilecimiento del trabajo y pretender disipar así los temores de desplazamiento laboral que por tal razón preocupan mucho a las uniones gringas de trabajadores.
El nuevo capítulo ambiental introduce el respeto de los dos países a algunos acuerdos internacionales como el de la prevención de la Contaminación por Buques o el de la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, totalmente insustanciales en este caso, pero sí excluyendo a los más importantes como el de Kioto, el Protocolo de Biodiversidad de Río, el de Bioseguridad de Cartagena y el de Basilea, que reglamenta el transporte y la disposición de residuos tóxicos especiales. Las controversias sobre degradaciones ambientales sólo operarán con relación a “los acuerdos cubiertos”. El Capítulo de Propiedad Intelectual vuelve discrecionales de los gobiernos y opcionales la aplicación de algunas de las dañinas disposiciones que prorrogan las patentes de los medicamentos, que impiden el acceso a los genéricos y que someten la salud pública al lucro de las farmacéuticas internacionales. Se deja en manos de gobiernos dóciles y sumisos el derecho a la vida de los ciudadanos al no suprimirse las normas que en el TLC hacen de la salud un negocio. La lectura minuciosa del Protocolo permite aseverar que las ilusiones tenidas sobre las mejoras al TLC fueron quimeras y que Colombia de rodillas acepta lo que venga de la Estrella Polar del Norte como en tiempos infaustos de Marco Fidel Suárez.
