ELIJAMOS A AURELIO SUÁREZ CONCEJAL DE BOGOTÁ

Mi cordial invitación a que voten por Aurelio Suárez es llamarlos a respaldar las mismas convicciones políticas que han orientado mis luchas, pues todas las he librado hombro a hombro con él. Primero, participamos en la Universidad de los Andes en el más importante movimiento estudiantil de la historia de Colombia. Luego, como vecinos en Manizales y Pereira, defendimos unidos durante 25 años nuestras posiciones patrióticas y democráticas. También en el Senado he tenido el respaldo de sus agudos análisis, su gran vitalidad y su ejemplar entrega a la causa de los débiles y el progreso del país. Además, Aurelio despliega su lúcida capacidad en cualquier medio, nacional o internacional, por complejo que sea. Sobresalientes han sido sus labores como diputado de Risaralda, miembro de la junta directiva de Fenalco de Pereira, profesor universitario, articulista del diario La Tarde y dirigente de Unidad Cafetera, Salvación Agropecuaria y la campaña de oposición al TLC, porque todo lo hace con la pasión constructiva de quienes pugnan por un mundo mejor. Y a su comprobado y eficaz sentido práctico lo respalda su vigor intelectual, el que atestiguan sus libros, publicaciones y conferencias que cada vez más se conocen en Bogotá, ciudad en la que nació, a la que regresó hace varios años y la que estudia a profundidad. Pongo mi mano en el fuego porque Aurelio Suárez jugará un papel clave en la excelente bancada que el Polo Democrático Alternativo llevará al Concejo de Bogotá. Atentamente, Jorge Enrique Robledo Senador de la república Para votar por Aurelio Suárez marque Polo y Nº 9 SAMUEL EL ALCALDE VOTE POR NUESTROS CANDIDATOS A EDIL: Localidad 1 Usaquén: Eduardo Niño Nº 85 Localidad 2 Chapinero: Tito Hernando Pérez Nº 84 Localidad 3 Santafé: José Farid Polanía Nº 84 Localidad 6 Tunjuelito: Gilberto Guiza Nº 81 Localidad 8 Kennedy: Pedro Pablo Moreno Nº 82 Localidad 10 Engativá: Donaldo Casado Nº 81 Localidad 13 Teusaquillo: Alvaro Díazgranados Nº 85 Localidad 15 Antonio Nariño: Eduardo Díaz Nº 84 Localidad 16 Puente Aranda: Jorge Hernando Cáceres Nº 80 Localidad 17 Candelaria: Alvaro Amaya Nº 85 Localidad 19 Ciudad Bolívar: Oscar Barón Nº 90

LA APÓCRIFA HISTORIA DE LA AGRICULTURA COLOMBIANA Y LA CRISIS ACTUAL

A raíz del debate del senador Robledo sobre los resultados del sector agrícola en este periodo, cuando su crecimiento ni siquiera alcanza a ser igual a la mitad del resto de la economía y pese al alza general en los precios de los bienes básicos que como el café ha llegado a más de 1,30 dólares por libra, han surgido diversos diagnósticos intentando “recetarle al desahuciado”. El más enrevesado de todos es el de Hommes porque da por cierta una falaz versión de la historia del modelo agrícola colombiano y además critica la actual política sectorial cuando precisamente la que se está aplicando es la misma que él prescribe. Dice que “la política agropecuaria de esta administración ha consistido en subsidiar ricos y proteger cultivos que no son sostenibles. Ha habido algunos aciertos, como la expansión de la palma, y golpes de suerte, pero el grueso de la política ha fracasado, como lo dicen las cifras del Dane”. Plantea que la causa del presente estancamiento sectorial es la repetición de lo que se hizo antes de 1990 cuando supuestamente se gozó “de una total protección contra las importaciones, que no permitió que se desarrollara una agricultura tropical autóctona y auto sostenible. Se subsidió una agricultura apta para otras latitudes que, naturalmente, tenía que protegerse para poder subsistir, y se privilegió una tecnología de producción que no correspondía a la mezcla de factores que existía en el campo colombiano (abundancia de mano de obra y escasez de capital)”. Resulta casi imposible encontrar tanto disparate en tan pocos renglones. Empecemos por demostrar que el desarrollo agrícola nacional se ha hecho fundamentalmente con base en mano de obra barata. Hasta 1985 el salario mínimo rural fue inferior al urbano y en adelante poco o nada cambió. Un estudio de Jaramillo y otros sobre salarios rurales reales entre 1990 y 1998 muestra que, con excepción de las zonas de siembra de cultivos de coca y el centro-oriente del país, el incremento salarial fue negativo. Así mismo, en reciente estudio de Leibovich para 2005 se concluyó que el 66% de los trabajadores rurales ganaban menos del mínimo. Hablar de los supuestos beneficios que el agro recibió otrora como control de importaciones y subsidios en crédito y precios resulta un equívoco. Entre 1950 y 1984, las importaciones agrícolas pasaron de 110.500 toneladas a 1’449.827, y los aranceles cayeron al desaparecer desde 1967 el impuesto de sobreprecio a los importados que regía desde 1950, con recargas entre el 37% y el 54%, y a cambio de lo cual los aranceles adicionales, que estaban en el 16%, apenas subieron al 20%. Vale además recordar que en el lapso entre 1967 y 1983, exceptuando de 1970 a 1974, la tasa de cambio estuvo revaluada favoreciendo las compras externas. Y ni hablar de los precios. Entre 1975 y 1985, los ingresos de cultivos como algodón, soya, sorgo y papa y en general de todas las cosechas comerciales crecieron por debajo del costo de los agroquímicos, que se impusieron por las multinacionales (ahí sí en contra de una tecnología propia para elaborarlos): En todos los casos, sacando al arroz, el índice de precios al consumidor fue inferior al del productor. Es decir, la parte del león fue para el oligopolio internacional que proveía semillas, pesticidas, fertilizantes y maquinaria y allá también fue a parar una buena parte de los puntos a favor que tenía la tasa de crédito para el campo. Decir Hommes que se están protegiendo cultivos “insostenibles” para referirse a cereales, tradicionales y oleaginosas, es olvidar que para Arias es mejor la uchuva que el trigo, y que, al contrario, lo que han hecho es favorecer los mismos renglones que él recomienda. ¿No se incrementaron la palma y el etanol con base en incentivos cuantiosísimos? ¿Ignora Hommes las ventajas dadas a tropicales como caucho, forestales y flores?¿No sabe que en el proyecto “Agro, ingreso seguro”, cereales, oleaginosas y tradicionales, son convidados de piedra? Si de potentados favorecidos se trata, no son los que él invoca en su galimatías sino, al contrario, es el reducido grupo de la apuesta agro-exportadora oficial. Las cifras de 2006 lo ratifican: los grandes productores captaron el 75% del crédito total mientras los pequeños recibieron un 5% menos respecto a 2005; 342 empresas de flores, banano y palma tomaron cerca de $150.000 millones de crédito especial y 25 de caña y palma tuvieron beneficios de cobertura por la baja del dólar por más de $8.000 millones así como también más de $40.000 millones como incentivos de capitalización para dichos cultivos de tardío rendimiento. Entre tanto, los transitorios, como arroz y maíz, vieron reducidos los recursos para capital de trabajo en 27% con relación a 2005. ¿Para dónde corre entonces el dinero oficial? ¡Por Dios, acusen a Arias de todo menos de defender la soberanía alimenticia de Colombia!

LA DESAPARICIÓN DEL PAN DE 100

Mientras el ministro de Agricultura juega a “policías y ladrones” por Pradera y Florida en pos del “guiño uribista” para la Presidencia de la República hacia 2010, en todas las panaderías pueden leerse los avisos acerca de la eliminación del pan de 100. Con seguridad, Arias, apartado del infortunio que esto le causa a millones de hogares, sigue pregonando en sus correrías que es preferible sembrar uchuva que trigo. Lo que viene sucediendo con el pan y con los productos de esa cadena, que son alimento básico para el país, es el resultado tanto de desechar la política de soberanía alimentaria, entendida como el derecho de las naciones a producir al costo necesario los alimentos fundamentales para sus ciudadanos y que es mandato constitucional, como de adoptar la de “ventaja comparativa”, que no es más que la de producir cualquier cosa que podamos vender barato en los mercados internacionales con el fin de conseguir los ingresos para adquirir los alimentos en el exterior. El caso de la producción de trigo en Colombia es ejemplo de las graves secuelas que le trae a una nación acoger las entelequias de la “ventaja comparativa”. En el libro “El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización” registré que en 1912 la dotación en kilos por habitante de este cereal era de 6,8 y que en 1950 subió a 8,5 cuando se sembraban cerca de 150.000 hectáreas principalmente en la sabana de Bogotá, Boyacá y Nariño. El país era autosuficiente. Para 1982, esa superficie se redujo a 45.000 hectáreas y la dotación por habitante, pese a que la productividad por unidad de área se incrementó más del doble, ya había bajado inicialmente a 2,5 kilos en 1970 y a 1,7 en 1984. Con la apertura de los años 90 se llegó en 2000 a un kilo y, según datos de 2005, se mantiene en esa escala o algo menos. ¿Qué aconteció? Desde 1954, cuando el Congreso de Estados Unidos expidió la ley pública 480, mediante el Acta de Asistencia y Comercio en Agricultura, por la cual se otorgaban créditos subsidiados a países “beneficiarios” de importaciones agrícolas, Colombia se embarcó en compras masivas de este cereal y de cebada, incluidos algunos montos en forma de “ayuda alimentaria”. Luego de 1973, cuando ya se había quebrantado la producción nacional, principalmente de minifundio campesino, y un estudio de la AID daba cuenta de la “cooperación” en el cambio de la producción de trigo por otros géneros, el subsidio se acabó incluido el del consumidor. Fue la típica sustitución por dumping teniendo en cuenta que siempre el costo de producción colombiano de una tonelada de trigo ha sido inferior al estadounidense. Entonces se estableció la gran dependencia de los suministros externos para esos dos cereales, que pasaron de 110.000 toneladas anuales a 1’022.500 en 30 años y en el presente están cerca de 1 millón y medio, donde Estados Unidos ha predominado, excepto en el pasado reciente cuando Argentina le ha competido. Un pronunciamiento de U.S. Wheat Associates sobre el TLC afirma: “Las exportaciones de trigo de USA tienen gran potencial en Colombia. Tradicionalmente han dominado el mercado con una participación del 60%”. Así mismo, se queja de las ventajas de los gauchos en el acuerdo CAN- Mercosur, de las cuales ellos no podrán gozar mientras no entre en vigencia el Tratado. Vale agregar que las importaciones hacia Colombia las hace un oligopolio, que aumenta su margen cuando vienen los ciclos al alza. Un ciclo como esos es los que el mercado mundial del trigo está viviendo. Un Informe del Consejo Mundial de Cereales de agosto de 2007, que reporta “la reducción de la disponibilidad mundial”, añade que “los precios de exportación de los cereales registraron un fuerte avance en agosto, encabezados por subidas de entre $20 y $35 para el trigo. Un nuevo aumento fuerte de las tarifas de flete marítimo incrementó aún más los gastos de los importadores. Además del impacto del tiempo adverso del verano sobre los cultivos de trigo en el hemisferio norte, y especialmente sobre los rendimientos y la calidad en Europa, los mercados se vieron apoyados por la fuerte demanda de importadores que procuraban cubrir sus necesidades ante una nueva subida de los precios internacionales”. En ese infierno quedó Colombia, con su extinto pan de 100, como todos los países que se vuelven dependientes y de ñapa terminan padeciendo la especulación indignante con la comida. Solo resta esperar si nos salva la fórmula que Arias difunde sin sonrojarse: “Con la uchuva que se venda se podrá comprar el trigo necesario…la uchuva genera mayor valor y empleo por unidad de superficie cultivada”. Una auténtica ficción.

La microempresa industrial y el TLC

Cuando Clara Patricia Martín y Juan Mauricio Ramírez, investigadores del Banco de la República, presentaron en noviembre de 2004 el estudio “El Impacto Económico de un Acuerdo Parcial de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos”, se concluía que los sectores más “favorecidos” con el Tratado serían las confecciones, los textiles y los alimentos, si, en este último caso, los Estados Unidos eliminaban las barreas no arancelarias (algo que no aconteció) y los sectores más “desfavorecidos” los de maquinaria eléctrica, de maquinaria para usos generales y especiales, equipo de transporte, metales y madera. Dicho estudio supeditaba esas conclusiones a que el grado de sustitución de los productos colombianos por los norteamericanos estuviera bien calculado.

Para 2006, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, en convenio con la Alcaldía de Bogotá, logró precisar todavía más los reales impactos del TLC en la industria, pasando de análisis sectoriales a exámenes por productos. A partir de técnicas de medición más complejas halló que los productos con potencial exportador, que denominó “estratégicos” , no eran 90 mientras que los amenazados por las importaciones estadounidenses, a los que clasificó como “sensibles”, eran 895. Notando que entre los cien primeros con mayor “sensibilidad” se encontraba una variada gama de bienes industriales, como ciertos tipos de herramientas de mano, casi todos los rodamientos, partes para calentadores de agua, piezas para motores como bielas, válvulas, hornos no eléctricos, compresores, refrigeradores, congeladores y demás aparatos para producción en frío. Además distintos tipos de calzado, aceites y textiles recubiertos de plástico o ciertas modalidades de poliéster; también los jugos endulzados, los alimentos para mascotas y hasta el tabaco.

Ese diluvio de artículos industriales se explica en ese mismo estudio porque se afinó el porcentaje en el cual crecerían las exportaciones y las importaciones de Colombia (teniendo como eje la capital de la República) por la disminución de cada 1% en el arancel. Mientras en el caso de las ventas al exterior éstas apenas aumentarían entre un 0,2% y un 0,3%, para las compras externas la proporción era del 19%. ¡Cien veces más!

Sin embargo, los modelos de los estudios mencionados no estimaron los efectos que causarán los re-manufacturados, las segundas y saldos, las piezas de desensamble y demás basura industrial cuyo ingreso al mercado colombiano se hará sin barrera alguna. El presidente de Acolfa, el gremio que representa a los productores de vehículos y autopartes, afirmó que “al país podrán entrar bienes industriales y autopartes de segunda que con un simple proceso de limpieza ya tendrán el carácter de re-manufacturado”. Esta categoría aplica para el ámbito industrial en especial a capítulos como el de metalmecánica, maquinaria eléctrica, autopartes, vehículos, otros bienes electrónicos y similares. Todos estos artículos son bienes sin costo, no están sometidos al régimen de precios, y Colombia aceptó darles ingreso libre a algo más de 1.400 posiciones de ellos desde el primer año de vigencia del TLC. Algunas entidades gremiales como ACOPI quieren presentar como compensación suficiente frente a tan profundas afectaciones el que Estados Unidos aceptara un mecanismo de monitoreo del impacto del TLC (como si ya no estuviera predeterminado) en la microempresa, la revisión de licencias previas a las mercancías usadas y algunos programas de cooperación.

Es evidente que tales medidas no impedirán el grave hecho de que Colombia haya renunciado de modo definitivo a adelantar un proyecto nacional de desarrollo industrial. Los principales centros manufactureros del país adoptaron desde la apertura económica un perfil de maquila o de elaboración de bienes no transables de poco valor agregado con insumos importados y equipo, en la mayoría de los casos, de segunda, que ha reducido el uso de la mano de obra y ampliado la informalidad laboral y que con el TLC se ahondará, expulsando del sector a quienes no puedan ponerse a tono con él. Como lo ha dicho Eduardo Sarmiento, la explicación está “en economías expuestas a las limitaciones de demanda en los mercados externos…una especialización que eleva la productividad a cambio de sustituir la producción interna de bienes intermedios y bienes finales por importaciones”.

EL DRAMA DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA

Retomar este título del libro escrito en 1985 por el hoy senador Jorge Enrique Robledo, sirve para precisar el sufrimiento que millones de hogares colombianos continúan viviendo con relación al derecho de tener una vivienda digna. Resulta paradójico que mientras las lonjas de la propiedad raíz hablan de unidades que valen entre 3 y 6 millones de pesos el metro cuadrado y de valorizaciones prediales en el último año de un 15% en las principales ciudades del país (una auténtica burbuja especulativa) otros hechos muestren que aquí sigue siendo cierto que “tener casa no es ninguna riqueza pero no tenerla es mucha pobreza” y, agregaría yo, perderla es una calamidad. En junio de 2007 había en el país cerca de 200.000 subsidios de vivienda de interés social sin reclamar, solamente en Bogotá se hablaba de 25.000. Entre las razones más esgrimidas para explicar esta circunstancia están la escasez de suelo urbano para adelantar planes con dicho objetivo, las dificultades de los beneficiarios para llevar a cabo el “ahorro programado” en el sistema financiero que sirve de contrapartida al apoyo gubernamental y también el poco interés de los inversionistas al tener relaciones beneficio-costo muy superiores en otras opciones en vivienda suntuaria para estratos socioeconómicos de mayores ingresos. Todas ellas son la consecuencia de que la vivienda en Colombia hace rato dejó de ser un derecho para convertirse en abundante filón de especuladores de toda laya, desde terratenientes urbanos y avezadas firmas constructoras hasta del sistema bancario, a donde, desde la invención del UPAC, fluyen los mayores réditos generados en esta actividad. Réditos que se acrecientan paulatinamente fruto de las enmiendas que se hacen al sistema vigente. Según la Corporación Minuto de Dios, en Colombia el déficit de vivienda es de 1.400.000 unidades, distribuidas, de acuerdo al nivel de ingresos familiares medido en Salarios Mínimos Mensuales (SMM), así: Nivel Nro. viviendas Porcentaje 0 – 2 SMM 1.064.000 76% 2 – 4 SMM 196.000 14% Más de 4 SMM 140.000 10% Y agrega que: “tradicionalmente, el mayor porcentaje de soluciones de vivienda de interés social va dirigido a familias con ingresos superiores a los 2 SMM, con lo cual el sector más grande y necesitado (más de un millón de familias) no recibe la atención requerida”. Los recursos del gobierno no logran atender la demanda anual de 200.000 unidades y por eso los “urbanizadores piratas” hacen su agosto con las secuelas conocidas que tal accionar conlleva. Adicionalmente, los deudores del sistema UPAC, que no han podido “conciliar” sus obligaciones con la banca desde la crisis de finales del siglo pasado y que son 800.000 hogares, atraviesan una patética situación. Clara expresión de ello fue lo sucedido hace poco en Bogotá (donde hay uno de cada ocho de estos casos) cuando un juez, con tanquetas y escuadrones ESMAD, emprendió el desalojo de José Modesto Salcedo Sanabria y su familia en Engativá. Alegando que, si bien se atrasó en las cuotas mensuales del crédito de su vivienda, la deuda contraída fue por 65 millones y ya va en 80 a pesar de que ha pagado 115, Salcedo se atrincheró en su casa y no se dejó expulsar luego de una “batalla campal” de 8 horas. Aún en los momentos en los cuales el Estado ha hecho intentonas para “resolver el problema habitacional”, éstas han resultado fallidas, entre otras por la precariedad de las condiciones de las soluciones propuestas como resultado lógico en un sector donde predomina el agio con el suelo y con el capital, dos rubros que hoy significan casi la mitad del costo y mientras en la Corte Constitucional se estudia la forma cómo “corregir” las aberraciones de esa despiadada expoliación, el gobierno de Uribe se desvela por emitir nuevos decretos que llenan de prerrogativas y exenciones a los inversionistas, a los grandes constructores y al capital financiero. Cada vez el problema es mayor tanto que, por equivalencia, puede pasarse de hablar de los “descamisados” de otrora a los “destechados” de ahora. En efecto, en 2007 el número de viviendas faltantes es un 40% mayor que en 1980, cuando era de un millón, y el porcentaje que cubre a hogares necesitados de menores ingresos pasó del 65% al 76%. ¡Un drama descomunal!

EL PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TLC: LA MESA AÚN MÁS DESNIVELADA

Se discute actualmente en las comisiones segundas de Senado y Cámara en el Congreso de la República el Protocolo Modificatorio del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Se trata de los cambios producidos al texto surgidos de la negociación entre la administración Bush y el Partido Demócrata, que tiene la voz mandante en el Legislativo de dicho país -desde las elecciones de noviembre de 2006- y que anunció una nueva plantilla para el comercio. Colombia no fue siquiera “convidado de piedra” en ese trámite, solamente participó cuando el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, recibió la orden de comprar un tiquete para ir a Washington a firmar. Un acto más de subordinación del gobierno de Uribe en la indignante ruta seguida en aras de la “consecución” de este TLC.

Las modificaciones se dieron en el texto y no en cartas adjuntas. Quedó desmentido el uribismo (una vez más) que aseguró, cuando se discutía en el primer semestre de 2007, que el TLC conservaría la versión original. Tuvo razón el senador Robledo cuando afirmó que el texto aprobado no era el definitivo. Hay 21 páginas de nuevas cláusulas sobre 9 de los 24 capítulos: laboral, inversiones, ambiental, propiedad intelectual y solución de controversias, entre los relevantes.

El Partido Demócrata tenía una doble finalidad: por un lado, “dar contentillo” a sus bases sindicales, ambientalistas y de organizaciones de derechos humanos, a las que debe el repunte político, y, por el otro, no contrariar a las empresas multinacionales, decisivas en las decisiones políticas y sin las cuales en el Imperio “no hay poder posible”. De ese malabarismo resultó este Protocolo que no resarce a Colombia en nada de las lesiones estipuladas sobre la soberanía territorial, económica, jurídica y alimentaria ni menos en la cesión pactada de derechos fundamentales.

El nuevo texto es el concurso de más normas proteccionistas a favor de Estados Unidos. Se excluyó la posibilidad de aceptar en Norteamérica inversiones extranjeras en las operaciones portuarias a raíz de la alarma que se suscitó cuando por motivos del TLC con Omán existió la posibilidad de admitir dineros árabes en esta área. En materia laboral, sobre la que se hizo mucha bulla, se consignó que “las partes ratifican sus obligaciones como miembros de la OIT”; un truco para abroquelar más a Estados Unidos. Según RECALCA, los países no han contraído iguales compromisos: mientras Colombia ha ratificado 29 convenios, ellos apenas dos. Al confirmarse cinco derechos fundamentales de los trabajadores, el de asociación, el de negociación colectiva y el de la eliminación tanto del trabajo forzoso como del infantil y de cualquier tipo de discriminación en el empleo, su cumplimiento cabal sólo quedó supeditado a la legislación en cada país. De ese modo, no se dan reformas legales al laxo régimen laboral norteamericano pero se acredita el colombiano que es más estricto al respecto; siendo un ardid para que de esa “letra menuda” pueda pensarse que las eventuales exportaciones colombianas hacia el Norte no estarán subsidiadas por el envilecimiento del trabajo y pretender disipar así los temores de desplazamiento laboral que por tal razón preocupan mucho a las uniones gringas de trabajadores.

El nuevo capítulo ambiental introduce el respeto de los dos países a algunos acuerdos internacionales como el de la prevención de la Contaminación por Buques o el de la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, totalmente insustanciales en este caso, pero sí excluyendo a los más importantes como el de Kioto, el Protocolo de Biodiversidad de Río, el de Bioseguridad de Cartagena y el de Basilea, que reglamenta el transporte y la disposición de residuos tóxicos especiales. Las controversias sobre degradaciones ambientales sólo operarán con relación a “los acuerdos cubiertos”. El Capítulo de Propiedad Intelectual vuelve discrecionales de los gobiernos y opcionales la aplicación de algunas de las dañinas disposiciones que prorrogan las patentes de los medicamentos, que impiden el acceso a los genéricos y que someten la salud pública al lucro de las farmacéuticas internacionales. Se deja en manos de gobiernos dóciles y sumisos el derecho a la vida de los ciudadanos al no suprimirse las normas que en el TLC hacen de la salud un negocio. La lectura minuciosa del Protocolo permite aseverar que las ilusiones tenidas sobre las mejoras al TLC fueron quimeras y que Colombia de rodillas acepta lo que venga de la Estrella Polar del Norte como en tiempos infaustos de Marco Fidel Suárez.

Por qué apoyar a Aurelio al Concejo de Bogotá?

Aurelio Suárez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. En 1971, durante el gran movimiento estudiantil de esa época, fue, junto a Jorge Enrique Robledo, con quien ha compartido luchas durante casi cuatro decenios, uno de los principales dirigentes de la Juventud Patriótica, organización juvenil del MOIR.

A mediados de los años setentas, el MOIR desarrolló con sus militantes la campaña de los “pies descalzos”, consistente en estimular a sus intelectuales y estudiantes a trasladarse a ciudades intermedias y pequeños poblados para sembrar entre campesinos y obreros las ideas de la necesidad de un profundo cambio político y social y participar con ellos en la construcción de ligas campesinas, cooperativas agrarias, sindicatos y otras organizaciones necesarias para la gran tarea de la movilización popular transformadora. Aurelio fue uno de los primeros en responder al llamado de su partido y por ello fijó su residencia en el departamento de Risaralda, región donde estuvo hasta principios del actual milenio. En esos casi treinta años recorrió palmo a palmo el departamento, conoció de cerca los problemas y dificultades de sus pobladores, estudió y escribió ampliamente sobre la economía cafetera y la política de la región y acompañó las luchas cívicas de los distintos sectores sociales de la región, ganándose así el cariño y el respeto de los risaraldenses, en especial de los más oprimidos y golpeados por las políticas. Fue elegido diputado a la Asamblea de Risaralda, donde se destacó por su seriedad y valentía y por la claridad en los análisis y la firmeza en las denuncias contra los programas y los atropellos de los gobernantes de los partidos tradicionales.

En 1985, Aurelio Suárez y Jorge Robledo fundaron la Unión Cafetera Colombiana, con sede en Manizales, la que rápidamente se convirtió en un instrumento clave para la lucha de los pequeños y medianos productores de café contra los atropellos y las políticas del gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros. Y lo mismo ocurrió años después cuando los arroceros del Tolima, el Huila y los Llanos, bajo la dirección de Ángel María Caballero, decidieron unir sus esfuerzos con los cafeteros dirigidos por Robledo y Suárez, y crear la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria para enfrentar la arremetida neoliberal de la apertura económica que se impuso en Colombia en la década de los años noventas. Aurelio es actualmente el Director Ejecutivo Nacional de esta importante organización agraria.

Simultáneamente, y durante más de dos décadas, Aurelio Suárez fue catedrático en las universidades Tecnológica de Pereira, Católica Popular de Risaralda, Universidad Libre – seccional Pereira-, la del Quindío y la de Manizales. Y también incursionó en el periodismo, convirtiéndose en uno de los columnistas más leído y respetado en periódicos como La Tarde, de Pereira, y El Nuevo Día, de Ibagué. Ha sido, igualmente, colaborador habitual de la revistas Deslinde, de Cedetrabajo, y Agricultura Tropical.

Al arreciar la ofensiva neoliberal en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con su pretensión de Imponer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Aurelio se trasladó a Bogotá para desempeñar la tarea política de ser uno de los baluartes en la batalla contra el TLC y de la creación y funcionamiento de Red contra el Libre Comercio y el ALCA, Recalca, tarea que ha cumplido con gran éxito y que le ha exigido un gran esfuerzo intelectual e incluso físico, pues ha debido recorrer el país en miles de reuniones y conferencias, viajar como representante colombiano a importantes eventos internacionales sobre el neoliberalismo y sobre economía cafetera, tanto en América Latina como en Estados Unidos, Europa y Asia, y escribir centenares de artículos y ponencias y varios libros entre los cuales es necesario destacar Modelo del FMI. Economía Colombiana 1990-2000 (Publicado en el año 2002); Crítica al ALCA (2003); El campo, una carta por jugar. Perspectiva del agro colombiano (2005. Coautor), y El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización, lanzado en la Feria del Libro 2007.

Sus conocimientos, su dedicación y su capacidad de trabajo fueron credenciales suficientes para que se desempeñara como asesor de Carlos Gaviria, en temas económicos y educativos, en la exitosa campaña presidencial del Polo Democrático Alternativo.

Este breve perfil de Aurelio Suárez y sus ejecutorias permite confiar en que en las elecciones de octubre de 2007 el Polo Democrático Alternativo tendrá en el Concejo de Bogotá un concejal de lujo. Apoyémoslo, con la seguridad de que Aurelio Suárez en el Concejo Distrital será un luchador popular tan destacado como lo ha sido Jorge Robledo en el Senado de la República.

Por Carlos Naranjo, Director Revista Agricultura Tropical

DE TRANSMILENIO, MEGABÚS Y OTROS DEMONIOS

Todavía no he olvidado la expresión del alcalde Peñalosa en diciembre de 2000 cuando se inauguró Transmilenio y se le indagó sobre la suerte futura de los pequeños transportadores, “Será la misma de quienes sólo tenían una azadón cuando llegó el tractor”. Tal aserto, de por sí bastante desconsiderado, no recibió el reproche general de los ciudadanos quienes entonces estaban obnubilados con la aparición de lo que se llamó el Sistema Integrado de Transporte Masivo. Esa alegría no perduró. En todos los sondeos de opinión de los últimos dos años Transmilenio recibe calificaciones más bajas que el modo tradicional de buses y busetas. La frecuencia inadecuada de las distintas rutas, los largos tiempos de espera en las estaciones y el excesivo número de pasajeros, (que ha hecho que de manera coloquial se le llame como “Trasnmuylleno”) asociado con la inseguridad sufrida por los ciudadanos dentro de los buses, y el altísimo precio de la tarifa se señalan como causas del desengaño. Recientes notas periodísticas de Eduardo Sarmiento y Armando Silva coinciden en anotar que la privatización del transporte, que se concretó entre el Distrito y el puñado de empresarios privados tuvo como prioridad las tasas de rentabilidad de la inversión antes que la eficiente prestación del servicio. La concesión de la operación del Sistema se concretó en un contrato que es una lesión enorme al patrimonio público, de las más aberrantes en la historia nacional. En él se plasman iniquidades como que la tarifa pagada por 1,3 millones de usuarios al día debe asegurar el cubrimiento de los costos, la recuperación del capital invertido y el retorno de la inversión. Para cumplir con ello, pese a que entre el Distrito y la Nación gastaron casi $3,5 billones en la construcción de los carriles exclusivos y de sus embarazosas reparaciones, los agentes privados, que en el montaje de los vehículos no gastaron sino una séptima parte de esa suma, se quedan con el 96% de lo recaudado. Esa ventaja se garantiza con artilugios como el establecimiento de una tarifa paralela que contabiliza mensualmente los costos y los cubre con fondos especiales si con lo pagado por los consumidores no es suficiente o con cláusulas que le reconocen a las empresas un número fijo de pasajeros por kilómetro, aunque no utilicen el Sistema. Según Sarmiento, las tarifas de Transmilenio le significan a los hogares pobres el 17% de sus ingresos mientras las empresas obtienen rentabilidades del 40%. Esta estructura acelera la fase de agotamiento de este sistema, lo descalifica como solución única a la “movilidad” de los bogotanos y dificulta una respuesta racional a las sentidas demandas ciudadanas al respecto. El modelo Transmilenio ha empezado a replicarse por Colombia. En Pereira, donde está cumpliendo un año de funcionamiento el Megabús, se han cometido anomalías similares a las de Bogotá. La adjudicación de su principal troncal tuvo evidentes irregularidades, el diseño de la ruta se modificó, introduciéndola por el centro de la ciudad en busca de un cierre financiero a favor de los empresarios, entre los que se encuentra uno de los operadores de la capital del país, golpeando a los pequeños comerciantes y produciendo un trancón sin salida; y, pese a todo, el cálculo de 140.000 pasajeros diarios como punto de equilibrio está lejos de cumplirse. Las obras complementarias están paralizadas y las calles pereiranas se invaden de motocicletas, lo mismo que en Bogotá; como alternativa económica viable para muchas familias en comparación con los costos de transporte derivados de los contratos leoninos. ¿Quién paga “los platos rotos”? El último Plan Nacional de Desarrollo aprobó como mega-proyecto la difusión del sistema Transmilenio para ciudades como Cali, mancillado ya por sobrecostos y desaguisados, Bucaramanga, Medellín y Cartagena, entre otras, y expandir el de Bogotá incluyendo absurdos como la ruta por la carrera séptima. Después de lo visto no se sabe bien si el propósito uribista es más bien difundir los fementidos contratos por doquier. Por lo visto ya en Pereira, tal parece que fuera la verdadera intención. Así las ciudades colombianas se van alejando de verdaderas soluciones sociales en transporte y se van amarrando a una que, por sus características contractuales, propende hacer de este servicio esencial un negocio particular de claro corte neoliberal. El típico caso que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, el de los empresarios subsidiados por los usuarios y el Estado a fondo perdido; se ha reforzado, con mecanismos más sutiles, la estructura corrupta que ha regido el transporte urbano en Colombia y es, según Silva, “la peor privatización, que usufructúa 10 millones de pasajes diarios para enriquecer a cinco propietarios”.

REVALUACIÓN, INFLACIÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA REVERSIÓN DE LA TENDENCIA

El hecho macroeconómico nacional más relevante de lo corrido en los últimos dos años es la revaluación. En enero de 2006 el dólar se cotizó a $2.283 y para julio de 2007 estaba a $1.950, un alza nominal del 14,5%. Ese fenómeno obedece a un ingreso masivo de divisas a la economía y, aunque Uribe repite que esto “demuestra la confianza de los inversionistas”, cualquiera sabe que ha sido una tendencia mundial causada por la liquidez de dólares en la organización económica mundial. En Brasil, por ejemplo, a mediados de 2004 se daban 2,65 reales por un dólar, en abril de 2007 el cambio era de 2,02 y el 30 de julio pasado el valor promedio en las transacciones fue de 1,872 reales por dólar, marcando un récord histórico.

En Colombia las razones que inciden en esa revaluación son: Las privatizaciones y la venta de empresas, al monetizar en pesos los dólares recibidos en dichas operaciones, las remesas enviadas por los emigrantes a sus familias y aforadas en cerca de 3.500 millones de dólares anuales y una cantidad no despreciable de flujos encubiertos de negocios ilícitos. No obstante, como lo han advertido algunos analistas, además de las exportaciones, existen nuevas fuentes de divisas. Se trata de recursos obtenidos a bajas tasas de interés en el exterior y prestados en Colombia a valores mayores. En enero de 2002, la tasa de interés del Banco de la República era del 8% mientras la de la Reserva Federal de Estados Unidos era de algo menos del 2% y en todo el periodo hasta 2007 el diferencial entre la tasa interna y la externa se ha mantenido al menos en tres puntos y medio; lo cual, sumado al índice de revaluación, produjo jugosos réditos a los agentes financieros. Se configuró un círculo vicioso: a más ingresos de dólares, más revaluación, reforzando una tendencia económica soportada en ese tipo de especulación más que en la afamada Seguridad Democrática.

¿En dónde se han reinvertido las divisas traídas con tales fines? Un informe reciente sobre el crecimiento económico de Bogotá en el primer semestre de 2007 arroja algunas luces. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de un auge inmobiliario sin precedentes. Se dice que las transacciones de finca raíz en esa Capital entre enero y marzo sumaron 4,4 billones de pesos y eso ocurre paralelamente con que allí mismo se esté generando el 50% del mercado financiero de Colombia. Estos dos renglones, el inmobiliario y el financiero, son ahora los responsables del PIB y del crecimiento de dicha ciudad y han arrastrado al del resto del país. Así mismo, Fedelonjas informa que el número de inmuebles transados en el país creció en un 18 por ciento y, lo más importante, es que “la valorización inmobiliaria hoy se acerca en promedio ponderado en las 10 principales ciudades colombianas al 15 por ciento anual”, y que el sector de la construcción entre enero y mayo “tuvo un crecimiento en licencias aprobadas del 20 por ciento” frente a igual período en 2006.

De lo expuesto se desprende que por el conducto de dólares traídos de afuera a bajo costo se ha capitalizado un desarrollo constructivo e inmobiliario que ha creado a su vez una burbuja especulativa, con una sobrevalorización de los inmuebles, a donde se ha trasladado la inflación desplazando a la burbuja del mercado accionario y bursátil que en 2006 al reventarse lesionó la rentabilidad de los fondos de pensiones y llevó a la quiebra a algunos agentes. ¿Son eternos estos ciclos económicos? Definitivamente no. Cuando la demanda comienza a agotarse o cuando la expansión ha obligado a incorporar a algunos grupos sociales cuyos ingresos no alcanzan a cubrir los costos de financiación de los inmuebles adquiridos, comienza el pánico. La crisis asiática estalló luego de que en ciudades como Kuala Lumpur o Bangkok se vino abajo un boom de finca raíz extraordinario que se había dado.

Las últimas noticias hablan de un estancamiento del sistema hipotecario norteamericano basado en fondos que se aplican a ese mercado y que están sufriendo por el retraso en los pagos de muchos hogares y por un debilitamiento en la demanda. El viernes 10 de agosto esto causó una oleada de turbulencias en las bolsas del mundo porque los inversionistas están realizando sus posiciones en dichos fondos y demandando dólares. El ducto montado desde el Norte hacia los mercados emergentes podría cambiar de dirección y eso traería dolorosas secuelas marcadas por una grave devaluación ocurrida por salidas masivas de dólares. Habría llanto y crujir de dientes y se daría al traste con las peregrinas teorías que les atribuyen a los Mesías criollos los frágiles hechizos de la especulación financiera mundial.

EL AGUA EN LOS TIEMPOS DEL DOLOR

Parodiar el título de la bella novela de García Márquez, “El amor en los tiempos del cólera”, puede servir para hacer la conjunción entre dos grandes aventuras que algunos colombianos han emprendido en los últimos tiempos. La primera, la más renombrada, la del profesor Gustavo Moncayo que ha manifestado, a través de una caminata de más de 1.000 kilómetros, el sentido dolor de un padre que ha tenido a su hijo secuestrado por 9 años y, la segunda, la navegación que por el Río Magdalena emprenderán desde el 8 de agosto, entre Barranquilla y Girardot, un grupo de ciudadanos, ambientalistas, biólogos y activistas sociales, quienes realizarán así una cruzada nacional para motivar entre los colombianos el apoyo a un referendo para que el líquido vital sea considerado en nuestra Constitución como un bien público y un derecho fundamental de los ciudadanos.

Moncayo ha unificado en un sentimiento común a millones de colombianos agobiados por miles de dolamas causadas tanto por el conflicto interno como por los padecimientos ocasionados por la concurrencia de éste y de otras terribles tragedias, entre ellas la económica que ha arrojado a la ruina y al desplazamiento interno o a la emigración a tantas víctimas como las que la violencia ha generado.

Es el mismo dolor nacional que ha querido ser aprovechado por quienes fungen de Mesías redentores y ven vulnerado dicho rol cuando el país mediante el acto casi desesperado de un sencillo profesor pone en evidencia que la obligación gubernamental de agotar, con sinceridad y arrojo, todas las vías posibles para lograr la liberación de los secuestrados no ha sido cumplida. ¿Si la sensatez no proviene de quienes juraron defender los bienes y la vida de todos los ciudadanos, entonces de qué lado vendrá? Lo demás son argucias y malabares para encubrir una visión oficial que tiene como única solución echar bala y que inclusive confunde los acuerdos políticos necesarios para las acciones humanitarias, válidas en medio del conflicto, con su concepción sobre cómo llegar al desenlace final y para lo cual, si lo cree necesario, no repara en llevarse por delante derechos democráticos de los asociados.

Los navegantes del Río Magdalena también interpretan otro agudo reclamo de millones de colombianos: el de carecer de agua suficiente y apta para el consumo humano. Se sabe que de los 1.100 municipios de Colombia casi 900 no entregan agua apta para el consumo humano y que en las zonas rurales del país se cuentan con los dedos de la mano los pobladores rurales que consumen agua potable. Algunos cálculos estiman que para el año 2015 la mayoría de nuestros compatriotas carecerán de agua. Las respuestas institucionales a un problema de esa magnitud ha sido la de privatizar, privatizar y privatizar. El resultado es el incremento exponencial de las ganancias de las empresas particulares y también un aumento paulatino de hogares que ven en cada periodo suspendido el servicio por falta de pago. En Bogotá, verbigracia, uno de cada ocho usuarios, en promedio al año, ve cortado el suministro. Es urgente un cambio en nuestra legislación que impida esa arbitrariedad, que reverse las privatizaciones y que no permita que se avance hasta el extremo, como lo prescribe el TLC, de entregar a firmas particulares el manejo de cuencas y de fuentes. Debe añadirse en nuestra Carta que el agua ha de ser un bien público con todas las características que ello implica, que sea inalienable, inembargable e imprescriptible.

El profesor Moncayo y los navegantes por el Río Magdalena, en la campaña del agua, están representando formas de Resistencia Civil tanto contra el autoritarismo como contra el neoliberalismo, precisamente dos de las características esenciales del régimen que nos gobierna. También las comunidades indígenas del Cauca hicieron una travesía desde sus resguardos hasta la Capital invocando al país a la Dignidad Nacional. Vendrán nuevas expresiones como éstas que serán rodeadas por los colombianos. Y cada vez que tales ejemplos se repitan, sin que se resuelvan las sentidas demandas de la sociedad colombiana, se irá gravando en la piedra de la historia un triste nombre para este periodo en el cual se entronizaron los más reaccionarios modos de gobierno: el de los tiempos del dolor.

PERFIL AURELIO SUÁREZ MONTOYA

La Hoja de Bogotá. Junio de 2007

Por Santiago Espinoza

Apoyado en la realidad, nutre con cifras sus convicciones de ayudar a construir una mejor ciudad.

Desgarbado, flaco y locuaz, aparece casi por lo general en medio de los debates al TLC. En las universidades, en los foros gremiales o en los salones del Congreso, comenzó a sonar este conferencista de 1,71 de estatura, modelo 1953, que oculta el insomnio tras unas enormes gafas de investigador. No de ahora, dicen quienes lo conocen, sino desde siempre, tan pronto le dan la palabra en cualquier recinto, es como si entrara una aplanadora: con su discurso pausado y combativo a la vez, le bastan entre 15 y 20 minutos para convertir cualquier audiencia en un mitin contra el libre comercio. Y no es para menos: maneja cifras más actualizadas que el gobierno; al power point de los tecnócratas opone un uso cuidadoso del castellano y le basta un chiste para mostrar que las tesis neutras y sonoras a favor del tratado, son en realidad –según él- un maremagno de contradicciones.

Ministros y especialistas han tenido que padecerlo. ¿Quién es ese tipo? Se preguntaban mientras sacaban los portátiles para verificar las cifras o esperaban en los celulares una llamada salvadora. ¿De dónde salió este tal Aurelio Suárez? Fue entonces cuando tuvieron que recordar los años universitario, aquellos 70 cuando el mayo del 68 francés se vivió en las aulas de la Universidad de los Andes. Aurelio, el entonces estudiante de Ingeniería Industrial, fue una de las cabezas de aquella revuelta que, entre la música de Manis Joplin y las ideas de Mao Tse Tung transformó para siempre la vida universitaria.

Fue allí donde comenzó su carrera política, cuando se sumó al partido que ocupa ya 35 años de su existencia, el MOIR, y cuando conoció a la sombra tutelar que ha seguido rondando, con plena persistencia, todos los actos de su vida madura: Francisco Mosquera, el fundador al que le debe, en sus propias palabras, el hecho de haberse convertido en un "constante indagador de la realidad", en un hombre que, como el salmón, tiene la profesión de la contracorriente.

De aquellos años en los Andes le quedó a Aurelio la que ha sido su eterna pareja: la política, pero también le quedó la presencia irremplazable de su mejor amigo, el Senador Jorge Enrique Robledo. Hombro a hombro lideraron la revuelta, cuando a Aurelio lo echaron de la casa –era los tiempos cuando la izquierda era el sinónimo del diablo-, se fue a vivir a casa de Robledo, y como la plata no alcanzaba, tuvieron que partir los panes y los huevos, para desayunar los dos frente a un solo plato. En el momento que acabaron sus carreras, el MOIR ordenó a sus cuadros partir para la provincia en la llamada política de "los pies descalzos". Robledo se fue a Manizales; Aurelio, a Pereira, y mientras investigaban el café, viviendo y sufriendo al lado de los campesinos, se volvieron catedráticos universitarios y conformaron la agremiación que hoy sopesa las políticas de la Federación de Cafeteros: Unidad Cafetera. Los dos, cada cual por su cuenta pero en las mismas correrías de la política, conocieron buena parte del país, 40 países del mundo, y se volvieron la voz visible de unos agricultores que eligieron a Aurelio en 1994 Diputado de Risaralda, y a Robledo, más tarde, Senador de la República. Hablar del uno es hablar del otro, hasta confiesa Aurelio, en una anécdota que ilumina aquella vida compartida: "como tenemos la misma estatura, hasta nos casamos con el mismo vestido".

Después de tantos años de resistencia civil, Aurelio, para conformar el Polo Democrático Alternativo, dirigir la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y apoyar la Red Contra el ALCA y el TLC (RECALCA) se devolvió al frío y a los afanes bogotanos. Carlos Gaviria, desde cuando lo vio hablando por primera vez, tradujo esa admiración mutua en trabajo político y lo nombró su asesor de campaña. En la capital se re-encontró con sus amigos y detractores, dice: "cuando me metí en esto hubo gente que me dijo que estaba botando mi vida. Creo que hoy puedo demostrarles lo contrario". Y ahí se le ve, en los cafés o en los auditorios, discutiendo, explicando modelos económicos en los reveces de las servilletas; agitando las manos como si machacara los argumentos con el filo de las palmas. Tiene una memoria tan prodigiosa para los nombres y las cifras, que no tiene que envidiarle nada a una de sus grandes pasiones, las novelas de Balzac. También es un hombre que, como buen marxista, entiende la relación inseparable entre la teoría y la práctica. De ahí que inmiscuya la política en todos sus asuntos, hasta para explicar las derrotas deportivas de su querido millonarios. Algunos lo han apodado el "polemista", y sobre esto responde: "se quejan porque decimos a todo que no. Pero yo les pregunto hoy: ¿a qué cosa se le puede decir que sí?".

De esta insatisfacción por la situación actual, como resultado de muchos años de trabajo político, investigación académica, Aurelio lanzó su candidatura para el Concejo de Bogotá, apadrinado por el amigo que lo ha acompañado en todas sus batallas, Jorge Enrique Robledo. "Mi propuesta es ir en contra del modelo neoliberal. Mostrar que Bogotá no es la 'ciudad bonita', que es una ciudad fragmentada entre algunos pocos que se llevan los beneficios, y la gran mayoría que los padece. Aquí el problema principal no es la movilidad, es la movilidad social: estamos en una ciudad donde el que nace pobre, muere pobre, y eso es lo peor que le puede pasar a una ciudad". Así argumenta, con la vehemencia y la precisión del que ha entregado su vida a la política y su voz a los que no la tienen.

El último libro

Aurelio ha escrito cinco libros de Economía Política. El último, El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización, fue el título de su género que más se vendió en la última Feria del Libro.

El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización

Autor: Aurelio Suárez Montoya.

Ediciones Aurora, 2007. 221 páginas.

Por: Mario Alejandro Valencia, comité de redacción de Deslinde.

Aurelio Suárez Montoya es, quizá, uno de los pocos colombianos que puede demostrar su conocimiento profundo de las condiciones del campo nacional, no sólo por su avanzado nivel teórico, sino porque ha recorrido palmo a palmo sus territorios.

Este nuevo libro que nos presenta Aurelio Suárez es una recopilación de ambas experiencias. Por un lado, tiene un serio y completo análisis histórico de la agricultura del país y, por el otro, a partir de la realidad presente y de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y de la exposición a la cual quedará sujeta, plantea un sombrío panorama futuro en el marco de la globalización contemporánea donde quedan excluidos los alimentos básicos –cereales y oleaginosas- del campo nacional y se adopta la especialización del sector en productos tropicales. Se consolidará una agricultura de tipo colonial.

La primera parte del libro muestra el devenir de la agricultura nacional siguiendo elementos que según el autor han sido estructurales en su conformación. La estructura de la propiedad rural, la producción de alimentos (estimando en kilos por habitante la dotación básica), la economía cafetera, la remuneración del factor trabajo y el hato ganadero.

En cuanto a las políticas públicas hacia el agro, Suárez devela su casi total ausencia durante cerca de un siglo, con excepción de los fallidos intentos por consolidar exportaciones en bienes en los cuales se suponía existía ventaja comparativa, acorde con los teoremas de David Ricardo entonces en boga. Sin embargo, ya entrado el siglo XX era todavía notoria la falta de aplicación de tecnología o de capital en los campos. Solo hasta 1913, con la creación del Ministerio de Agricultura, se impulsó la utilización de fosfatos, cales y potasa. Excepto la expansión cafetera, ocurrida desde el último cuarto del siglo XIX, nada modificó las condiciones del atraso rural marcadas desde la Colonia. Parte del trabajo de Suárez consiste en mirar cuál de los factores de producción es el que incide en el crecimiento del sector en cada periodo. Hasta 1950, asegura, que la tierra fue el elemento dinámico.

A partir de entonces, se aborda un periodo de “modernización” de la agricultura ya bajo las orientaciones de la política estadounidense que comenzó a imponerse en estos países en la segunda posguerra a través de misiones especiales y de instituciones internacionales. A diferencia de lo presentado en el primer periodo de análisis, en esta etapa el desarrollo agrícola se apalancó mediante la introducción de capital en forma de crédito, proveniente de los organismos multilaterales, con el propósito de promover un nuevo modelo tecnológico, conocido como la “revolución verde” y consecuente con la necesidad norteamericana de colocar excedentes de capitales y de mercancías en mercados externos. A través del CIAT, la AID, la fundación Rockefeller, la fundación Kellog’s, entre otros, bajo la mampara del “desarrollo tecnológico”, se dedicaron a incentivar cultivos y semillas que requerían mayores sumas de capital de trabajo para inversión inicial, produciendo una agricultura que dependía en alto grado de herbicidas y fertilizantes y la venta de semillas modificadas genéticamente. Los paquetes técnicos incorporados ocasionaron que los insumos fueran el ítem más importante en la estructura de costos del sostenimiento de los cultivos seleccionados, siendo inclusive superiores a los ingresos percibidos por las cosechas. Se montó un esquema de traslado de valor desde el agro hacia el oligopolio productor de agroquímicos y hacia las entidades prestamistas. No todos los productos se incorporaron a este nuevo diseño; a otros, como el trigo y la cebada, se les decretó la extinción por la vía de las importaciones subsidiadas o como el maíz, el cual se empezó a sustituir por el sorgo. En este periodo, como lo indica el autor, la alta concentración de la tierra no se modificó. Según sus investigaciones, entre 1960 y 1984, de cada 100 hectáreas que se incorporaron a la frontera agrícola más de la mitad fueron para predios de más de 500 hectáreas y menos del 4% para los de menos de 20 hectáreas.

Aurelio Suárez también acomete la explicación del resultado de la aplicación del modelo neoliberal desde 1991 y cómo se fraguó la eliminación de las formas campesinas y capitalistas de la producción nacional de bienes transitorios. Esto, combinado con la problemática cafetera, inducida también por el neoliberalismo al decretarse la equiparación de los precios internos de compra de las cosechas con las cotizaciones internacionales del grano, ocasionó una crisis recurrente, en 1992, 1996 y 1999, que se ha convertido en estructural. En este lapso se hizo todavía más desigual la distribución de la propiedad rural (como que el 0,4% de los propietarios controla el 65% del suelo) y se ahondó en la especialización en bienes como palma aceitera y caña de azúcar. Es lo que el autor llama acertadamente “peor de lo mismo” para calificar la política agropecuaria de Álvaro Uribe en cinco años. Prueba de ello es que el factor dinámico del sector es la productividad del trabajo, remunerada en más del 60% de todos los trabajadores rurales con salarios inferiores al mínimo legal. Desde 1990, hay un marcado retroceso productivo del campo.

En cuanto al TLC, en tanto éste eliminará todos los mecanismos de protección de los agricultores colombianos, Estados Unidos, cuya agricultura, tal como lo narra el autor, ha gozado de avances técnicos importantes desde finales del siglo XVIII, de políticas públicas de apoyo con cuantiosos recursos desde hace más de un siglo y de un sistema distributivo de la tierra más equitativo que el de Colombia, mantendrá sus enormes subsidios; el resultado es la licencia para la venta de los excedentes de producción norteamericanos a precios por debajo de sus costos de producción; es decir, el dumping.

Este completo panorama le permite concluir al autor que el atraso de la agricultura colombiana se debe fundamentalmente a que el país nunca tuvo la oportunidad de hacer el tránsito desde el feudalismo hacia el capitalismo. La crisis, entonces no se debe al desarrollo capitalista, sino precisamente a la falta del mismo, por haber adoptado, desde el inicio de la vida republicana, políticas encaminadas a satisfacer la voracidad de los grandes hacendados y, especialmente después de 1950, de las empresas norteamericanas tanto del sector de insumos agroquímicos como de comercialización y producción estadounidenses. Aurelio Suárez reitera que el escaso desarrollo agrícola del país obedece precisamente a que el interés oficial se concentrado en el otorgamiento de beneficios a dichos agentes y no a posibilitar la acumulación de los productores nacionales y por ende, la reinversión de capital en el sector. El TLC es un paso más profundo en esa dirección. Esto permite reiterar que, al acentuarse el modo de producción colonial, que se dedica al cultivo de géneros tropicales se enfrenta una globalización que antes que integrar las distintas agriculturas del mundo, las segrega.

Las personas que hemos tenido la fortuna de estudiar el libro ‘Economía de la Agricultura’, de Jesús Antonio Bejarano, y que sentimos que con su asesinato se cancelaba el debate sobre el modelo agrícola colombiano, vemos con entusiasmo como Aurelio Suárez Montoya, con su profundo conocimiento y admirable compromiso, enarbola tan importante bandera y da valiosos elementos de estudio y análisis para continuar la contienda por la defensa de la agricultura nacional y la soberanía alimenticia colombiana. Esa lucha iniciada por personas como Jorge Enrique Robledo y Ángel Maria Caballero, cuando fundaron la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, dirigida hoy por Aurelio Suárez Montoya, ha logrado que miles de campesinos, empresarios y dirigentes reconozcan como cierto el camino que esta valiosa organización ha trazado.

POLÍTICA “LIGHT” NEOLIBERAL O POLÍTICA DE RESISTENCIA

Con motivo de las próximas elecciones locales se empieza a escuchar aquello que en el común de la opinión se llaman “las propuestas” de los candidatos. En ese campo se marcan fuertes divergencias en torno a las concepciones sobre el modelo regional, urbano y rural, que encarnan y puede asegurarse -como nunca antes- que se han dividido entre aquellas que se aferran a arraigar todavía más el neoliberalismo dominante y las que, al contrario, intentan resistirlo y moderar los catastróficos efectos que en más de una década y media ha ocasionado a la mayoría de los colombianos.

Los neoliberales insisten en la desmembración de las empresas públicas y en privatizarlas; en proyectos de desarrollo urbano donde se privilegian los intereses de fuertes grupos económicos y donde se amenaza hasta con la expropiación a sencillos habitantes en beneficio de poderosos terceros; en sistemas de transporte masivo, como Transmilenio en Bogotá o Megabús en Pereira, donde las inversiones en infraestructura corren por cuenta del Estado en tanto el grueso de los ingresos causados van a las arcas de los empresarios particulares del transporte. Como alucinados, llegan a proponer auténticas entelequias alejadas de la cruda realidad que sufren millones de ciudadanos. Se escucha a quienes, sin sonrojarse, formulan como solución para el desempleo conectar Internet de banda ancha a todos los teléfonos celulares para que puedan “aprovecharse las oportunidades del TLC”. Otros quienes plantean “desaparecer” a los vendedores ambulantes y reemplazarlos por kioscos al estilo Florencia (Italia) o Toronto y hay aquellos que persisten en proponer la bici como medio de transporte al cual validan como ambientalmente amable. Su conducta política y su particular sentido de la ética los induce también a validar como proyectos de interés general los negocios en los cuales en muchos casos están involucrados directamente o mediante testaferros.

Las carencias en educación, salud, empleo, seguridad social, vivienda e ingreso y las condiciones de pobreza, indigencia y desigualdad son la prioridad en los programas de las candidaturas que representan la resistencia al modelo neoliberal. Sin desconocer que, en últimas, son los planes oficiales del gobierno nacional los que imponen un marco general de política pública a los que están subordinadas las iniciativas locales, se incluyen eventuales respuestas, así sean limitadas, que tienden a moderar los padecimientos de las clases sociales medias y pobres.

En la controversia entablada, surge la inseguridad urbana como un problema crucial que se está constituyendo en mentís de los promocionados “logros” de la Seguridad Democrática. Los neoliberales, fieles a los retrógrados criterios que tienen sobre la condición humana, no encuentran otro método de combatirla que incrementar el pie de fuerza pública. Desconocen, como lo ha sostenido de manera reiterada el economista Premio Nobel, Joseph Stiglitz, que hay “una interacción” entre violencia y economía. “Si ésta tiene un mal desempeño se propicia la primera que, a su vez, impacta negativamente el crecimiento económico”. Y cuando se habla de malos desempeños deben destacarse los altos niveles de iniquidad social, todas las mediciones efectuadas muestran que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. De ahí que para acabar la violencia, cualquiera que sea su manifestación, o al menos para reducir sus huellas, es menester acudir al cambio de los paradigmas económicos que la han generado. Hay que hacer algo más que el cabal cumplimiento de los deberes estatales en el amparo de la vida y bienes de los asociados.

Los ciudadanos el próximo 28 de octubre van a tener que tomar decisiones frente a las opciones expuestas alrededor de estos temas. Los votos depositados por una u otra posición en cada municipio, por apartado que sea, mostrarán si en Colombia se incrementa paulatinamente la corriente que pide reversar el neoliberalismo. De darse esto, el primer deber de los elegidos será encabezar la batalla nacional contra su vigencia, solamente así será posible paliar las secuelas que engendrarán tanto el TLC como el recorte de las transferencias presupuestales del gobierno central a las regiones para atender la salud y la educación de sus pobladores. Estas son dos perversidades del uribismo con la que los nuevos gobernantes tendrán que lidiar y que alientan las propuestas light de los neoliberales de todas las comarcas.

ENCUESTAS Y LUCHA POR EL PODER LOCAL

Con frecuencia se repite que “las encuestas y las morcillas no se sabe de qué están hechas”. Lo acaecido con los distintos sondeos de opinión, que se han efectuado con motivo de las próximas elecciones locales y regionales que elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de juntas administradoras locales en las principales ciudades, ratifica esta máxima. El caso más notorio es el de Bogotá: reiteradamente se había venido dando resultados favorables al candidato del uribismo. Más tarde, luego de la consulta del Polo Democrático Alternativo, un ejercicio sobre 1.200 entrevistas personalizadas con intención de voto, arrojó un resultado contrario al que se venía mostrando durante los tres meses anteriores. Ello fue sorprendente, máxime si se tiene en cuenta que los “analistas” habían pronosticado que merced al triunfo de Samuel Moreno, la victoria de Enrique Peñalosa ya estaba asegurada.

Casos similares se han dado en Cali, donde Lloreda puntea pero el 27% de los electores está indeciso y donde Bruno Díaz se “catapultó” después de la consulta del Polo. Para la alcaldía de Pereira y para las gobernaciones de Santander y Atlántico todo está por verse y lo mismo en otras ciudades como Ibagué y Bucaramanga. El impacto de las encuestas para direccionar a los votantes en este tipo de elecciones se ha sobrevalorado y por ello el candidato uribista en Bogotá salió a hacer otro sondeo, de 600 llamadas telefónicas, para contrarrestar el golpe recibido tres días atrás. Es previsible que en adelante se venga una “guerra” de encuestas ya que el uso acomodaticio de este tipo de investigaciones se ha venido incubando en la política nacional perdiendo casi todo su encanto, ya no miden las expectativas sino que las “manipulan”.

Esa manipulación para las elecciones locales cobra más relevancia ya que en ellas se dirimen asuntos que atañen al común de las personas, en su ingreso cotidiano y en muchos casos en su supervivencia. Si, por ejemplo, tendrán acceso al transporte, a la salud, a la educación y a los servicios públicos domiciliarios; si los vendedores ambulantes, los empleados y los trabajadores de regiones y municipios mantendrán sus puestos y el derecho al trabajo digno, si los planes urbanos expulsarán gente de su entorno para dar lugar a los grandes negocios inmobiliarios, si los proyectos venideros golpearán a consumidores y empresarios, si los tributos serán equitativos y progresivos o seguirán cargándose a Juan Pueblo y hasta si la “repartición” de la contratación, con la corrupción que la ha rondado a niveles cada vez más escandalosos como a los que ha llegado en sinnúmero de poblaciones y con los más terríficos propósitos, colmará las ambiciones de los contratitas quienes en muchos casos son los financiadores de los candidatos.

Lo que estará en juego el 28 de octubre próximo no es de menor cuantía. Hasta el mismo Álvaro Uribe, como se vio a la sazón de la convención del partido de Vargas Lleras, está por meter baza. Asuntos como los sistemas de transporte masivo, los cuales Uribe piensa implantar con todo y sus inicuas cláusulas en algunas de las capitales del país, lo desvelan y no hay duda que hará hasta lo imposible para imponer a sus prosélitos. En el contexto de este certamen se mueven múltiples intereses y a diferencia de los votos para los comicios para el Congreso, en los que sin que estén desvestidos del todo de buenas dosis de mezquindad, incide en algo la opinión acerca de los grandes temas nacionales, es el cálculo alrededor de su suerte personal en el día a día lo que decide en buena medida las inclinaciones de los votantes en departamentos y localidades. Dos estilos se enfrentarán al respecto: el de las fuerzas democráticas que porfían en las políticas públicas para garantizar el bienestar de las comunidades y el de los clientelistas tradicionales, que se saben camuflar según la ocasión y quienes se fundan en la creación de grupos de favoritos o en pandas propias para abalanzarse sobre el Erario y las nóminas oficiales. La lucha por el poder local tiende a cobrar mayor intensidad que la brega por el predominio nacional; el propio Presidente ya ha dado la pauta en el tono que va adquirir la refriega en los próximos 90 días y con más énfasis en esta ocasión cuando lo que suceda puede tener influencia decisoria en la liza para la elección presidencial de 2010.

La alianza entre Monsanto y el gobierno de Uribe

Hace algunos días se anunció la alianza estratégica entre Monsanto y el gobierno de Colombia. Una de las políticas principales de dicha unión ha sido la aspersión por vía aérea del glifosato producido por esta empresa en regiones donde se han detectado cultivos de uso ilícito. El costo de asperjar una hectárea con el herbicida por vía área es de 626 dólares por hectárea fumigada (según el especialista Alberto Rueda) y a unos niveles de concentración casi diez veces superior a los utilizados en el laboreo agropecuario, además del acompañamiento mediante la mezcla de surfactantes que aumenta su potencia y aseguran la fijación sobre matas y plantas sin discriminación. En casi diez años se puede estar llegando al millón de hectáreas asperjadas, los daños en distintos órdenes son cuantiosísimos y los resultados efectivos son puestos en duda. No obstante, los beneficios han sido para los contratistas de esa operación como DynCorp. y para el proveedor del tóxico: Monsanto. Para ello se combinan recursos de los contribuyentes norteamericanos que se aplican en el Plan Colombia y otros, la mayoría, de los colombianos que deben hacer esfuerzos fiscales para honrar los préstamos con los cuales nuestro país coloca su parte en el nefasto Plan.

La unidad Uribe-Monsanto se ha ampliado. Mediante la resolución 00465 del 26 de febrero del ICA, se autoriza “al representante legal de la Compañía Agrícola Colombiana Ltda. (Monsanto en Colombia) la importación de semillas de Maíz con la tecnología Yieldgard® (MON 810) para siembras controladas en las zonas agroecológicas del Caribe húmedo y alto Magdalena”. Se refiere a semillas transgénicas obtenidas a través de la introducción del gen Cry 1A aislado de la bacteria común del suelo Bacillus thuringiensis (BT).

Entre las razones esgrimidas para la licencia está “la gran importancia en el ámbito nacional e internacional debido a la oportunidad de utilizar esta especie en la producción de biocombustibles”, “los problemas de calidad y costos que se están presentando”, “la posibilidad de que se disponga de nuevas y mejores tecnologías que permitan mayor margen de ganancia para el productor y para el país” y, dentro de la producción de biocombustibles a partir de vegetales, destaca “las ventajas y ayudas financieras de la comunidad internacional para los países y entidades” que actúen “dentro del propósito internacional adoptado por un importante grupo de países a través del Protocolo de Kioto”. Un permiso igual se otorgó a Du Pont de Colombia para una semilla transgénica de maíz con tecnología Hércules también con el gen Cry 1A.

Aparte de las discusiones que se dan en torno a los transgénicos, el caso de Colombia tiene connotaciones particulares. El primero es el grave riesgo que con su difusión corren las semillas autóctonas. Está comprobado que fenómenos naturales como la polinización cruzada favorecen la “contaminación genética” sobre semillas convencionales al transferirse genes transgénicos. En la medida en que los transgénicos avancen será más difícil mantener una agricultura diferente en paralelo. Y, en términos de costos, aunque la evidencia en el caso del maíz todavía no es suficiente para aseverar la supuesta existencia de mayores economías, su impulso en el caso del algodón con la tecnología Bollard transgénica y acorde con la contabilidad de cultivadores del departamento de Córdoba en 2004, resultó más gravosa en los rubros donde se diferencia con las técnicas convencionales, al evaluar en conjunto el valor de las semillas, la aplicación de los pesticidas y el control de plagas.

Es notorio que se resalten las posibilidades del maíz transgénico para la producción de agrocombustibles. Surge como nueva fuente para dicho fin, la que con la caña de azúcar y la palma de aceite, es elemento clave en esa intención principal de la nueva política agrícola nacional plasmada en el Estatuto Rural recientemente aprobado. Estudios internacionales que estiman que el petróleo consumido es superior al que se economiza con la producción equivalente de etanol vía maíz, también contrarían los motivos de las resoluciones de ICA. Sin embargo, los estímulos económicos, mediante los llamados Derechos de Emisión establecidos por el Protocolo de Kioto aparecen como valores adicionales que se consiguen en las transacciones en las bolsas internacionales creadas para operaciones especulativas de estos nuevos títulos alentadas al tenor de los peligros del cambio climático. Según puede verse en este caso, tal argumento se esgrimirá para una nueva andanada de abusos.

¿Por qué demeritar al Polo Democrático Alternativo?

No hay actividad del Polo Democrático Alternativo que no sea demeritada. Si se pronuncia sobre crímenes atroces, se analiza hasta el último matiz del respectivo documento para inferir si está guardando el pleno rigor en la delimitación de sus propósitos con los de quienes hoy continúan utilizando la barbarie contra la población. Y, si no se pronuncia, entonces se colige que es un partido terrorista. Si se produce una diferencia interna, se especula en torno a ella y se intenta incendiar la discusión. Si el Polo moviliza masivamente a la población contra los esperpentos legislativos del uribismo, como el TLC o la reforma constitucional al régimen de transferencias, se le increpa que “iban niños” en las marchas de protesta. No hay duda de la existencia de una sistemática cruzada de descalificación y de “polarización” de la opinión contra el Polo, de crear un ambiente entre los ciudadanos de refracción a este partido, de tal modo que se produzca una suerte de acto reflejo que condicione el rechazo a todo lo que de allí provenga con la única razón de que todo lo que sea del Polo es nocivo.

Desde el “terroristas vestidos de civil”, que Uribe espetó en la campaña hacia su segunda elección presidencial, las calumnias contra el Polo pasan sin cedazo como algo natural de la vida nacional. Esta orquestación expresa en últimas un gran temor hacia un partido de izquierda democrática, como nunca había existido en Colombia, que en algo más de un año eligió cerca de 20 congresistas, quienes han librado los más importantes debates políticos, que se unificó alrededor de un programa común, estableció normas democráticas de funcionamiento y su propia estructura organizativa para lo cual eligió entre más de medio millón de afiliados de toda Colombia a 3.500 delegados quienes en el Primer Congreso del Polo debatieron sin cortapisas sobre todos los aspectos relativos a su plataforma ideológica, a la táctica y a la estrategia y a las normas estatutarias, entre otros. Y lo que definitivamente parece resultarle una pesadilla al establecimiento es rememorar el segundo lugar del Polo en las elecciones presidenciales de 2006, con 2’600. 000 votos para Carlos Gaviria Díaz.

Quizás el modo más agresivo contra el Polo es el de querer interferir, mediante distintos tipos de manipulación, como encuestas, editoriales y una que otra desinformación de mala fe, en sus decisiones; incidiendo a favor de los sectores que de modo subjetivo los analistas del régimen catalogan como “más democráticos” y en contra de aquellos tenidos como “radicales”. ¡Cuánta tinta se ha gastado en “recomendar” cómo debe configurarse la lista del Polo al Senado o quién debe ser el candidato o candidata para una u otra posición! Al final de cada episodio se vuelve a registrar con desánimo que los “radicales” vuelven a imponerse y a continuación se pronostica que así el Polo “irá al despeñadero”.

La más equívoca de las conductas adoptadas contra el Polo es la relativa a sus consultas internas para seleccionar candidatos a distintas alcaldías y gobernaciones y, en particular, a la de Bogotá. Durante más de dos meses se insistió, a través de diversos mecanismos, en sugerir el resultado deseado y, cuando éste no se dio, refundiendo la participación de los ciudadanos en una elección general con la que es propia de este tipo de eventos limitados exclusivamente a los afiliados tal como lo fijan los estatutos de cada agrupación, se ha armado un escándalo acerca del supuesto derroche de dineros públicos utilizados para tal fin y llega a hablarse de “abstención del 96%” como si todos los colombianos pertenecieran al Polo o a los partidos convocantes. Con una lógica neoliberal fiscalista se mide exclusivamente el retorno de las consultas internas partidarias, las cuales hacen parte de un conquista democrática que tiende a fortalecer a las organizaciones políticas, sobre todo a aquellas como el Polo, que han superado el “método del bolígrafo” o el de la anarquía para seleccionar a sus dirigentes, y que dan ejemplo de civilidad y democracia. Esto es quizás lo que más parece doler: que la izquierda esté a la vanguardia en un campo en el cual las colectividades tradicionales y sus variantes, incluidas las que han recurrido a la violencia para imponerse en vastas regiones del país, eran quienes supuestamente decían la última palabra. Ahora el Polo las ha puesto en evidencia.

Perfil de Aurelio Suárez

Aurelio estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes allí se conoció con Jorge Robledo quien estudiaba Arquitectura y fue en esta Universidad donde empezó a vincularse de manera activa en el movimiento estudiantil del Moir.

Cuando termina su carrera universitaria decide hacer parte del llamado del Moir que consistía en ampliar la militancia de los jóvenes al partido y en 1978 se va al Departamento de Risaralda donde terminó convertido en dirigente político.

Para esta época vivía en contacto permanente con Jorge Robledo con quien intercambiaba ideas y trabajaban de la mano temas agrarios lo que permitió que estrecharan cada vez más sus lazos políticos. Para 1985 con productores pequeños y medianos de café fundaron la Unión Cafetera Nacional siendo los principales voceros y dirigentes sobre el tema a nivel nacional.

Cuando Jorge Robledo incursiona en la vida política Aurelio Suárez decidió acompañarlo y quedó elegido como Diputado para la Asamblea de Risaralda.

Durante más de dos décadas fue catedrático en distintas universidades del eje cafetero como la universidad tecnológica de Pereira, la Universidad Católica Popular de Risaralda, la Universidad Libre – seccional Pereira, la Universidad del Quindío y la Universidad de Manizales.

Columnista del periódico La Tarde de Pereira desde 1.989 y de “El Nuevo día” de Ibagué. Colaborador habitual de la revista Deslinde –cedetrabajo- y de la revista Agricultura Tropical. Se desempeñó como asesor de la campaña presidencial de Carlos Gaviria en temas económicos y educativos.

Es autor de más de seis libros entre los más recientes están “EL MODELO AGRICOLA COLOMBIANO Y LOS ALIMENTOS EN LA GLOBALIZACIÓN (2007); “MODELO DEL FMI. Economía Colombiana 1990-2000” (2002) Y “CRÍTICA AL ALCA” (2003). Coautor del libro “EL CAMPO UNA CARTA POR JUGAR. Perspectiva del agro colombiano” (2005).

Se ha especializado en temas como ALCA, TLC y Educación lo que le ha permitido viajar a diferentes países a dictar conferencias sobre el tema.

Para estas elecciones el MOIR decidió apoyarlo en su candidatura al Concejo de Bogotá donde hará parte de la lista por el PDA.

Refranes de derrota sobre el TLC o “Así le paga el diablo a quien bien le sirve”.

Luego de dos visitas a Estados Unidos del presidente Álvaro Uribe en los últimos meses, la suerte del TLC entre Colombia y la superpotencia está más en entredicho que nunca. El balance de Uribe en forma de refrán, “La constancia vence lo que la dicha no alcanza”, o la expresión “a caballo regalado no se le mira diente”, para resignarse a cambio del Tratado por la prórroga por dos años más de las preferencias arancelarias denominadas como APTDEA, son, más que graciosas ocurrencias, un evidente parte de derrota; el presagio de un revés peor que el del Referendo.

La carta enviada a la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, por ocho de “los grandes” del Partido Demócrata, entregada a la hora de la despedida de Uribe, entre los cuales están Barack Obama, quien registra ahora la mayor favorabilidad del electorado de esa agrupación para ocupar la Casa Blanca desde 2009; Ted Kennedy, el más veterano senador, y otros, como el altamente influyente jefe del Comité Judicial del Senado , Patrick Leahy, reitera que la principal preocupación en torno a Colombia no está focalizada en el TLC sino en la “extensión” de los vínculos de paramilitares con “altos funcionarios”, advirtiendo que esa “ infiltración no es un problema menor de corrupción”. No es nada despreciable una comunicación que es suscrita por estos líderes demócratas, ni es acertado calificarla como “papel” sin importancia.

Por lo que dicen esos senadores, antes que cualquier trámite de alguna iniciativa con relación a Colombia, quieren ver el desenlace de lo que llaman "la crisis política más seria en años". Y específicamente en lo que sucederá tanto con los alfiles políticos del Presidente en varios departamentos, enredados en lo que certeramente se ha denominado “parauribismo”, así como con el curso que correrán las pesquisas en torno al exjefe del DAS, Jorge Noguera, en ascuas por presuntos actos tenebrosos a favor de los grupos ilegales en el ejercicio de funciones públicas. Una nota del senador Leahy, referida a su encuentro con Uribe dice: “Por muchos años la ayuda a Colombia ha ido en piloto automático. Yo espero completamente que continúe el apoyo por los muchos intereses de mi país. Pero el Congreso no es una estampa de caucho. Aquellos días pasaron. Nosotros necesitamos ver un fin a la larga historia de impunidad de Colombia y queremos ver una estrategia anti-drogas que funcione. Los contribuyentes norteamericanos requieren la contabilidad real de los miles de millones de dólares que ellos han enviado a Colombia”.

Si lo anterior fuera poco, una frase más lapidaria fue la del congresista por Massachusetts, Jim McGovern, concomitante con la requisitoria demócrata respecto a los viajes de Uribe: "Mientras siga retornando sin respuestas, seguiremos insistiendo en respuestas". Peor fue la declaración de Phil Hare, congresista demócrata de Illinois y ex sindicalista de la industria textil, al mencionar que apenas hay 37 fallos frente a los 2.100 casos de sindicalistas colombianos asesinados y "pese a ello… quieren premiar a Colombia dándole un TLC. Permítanme decirlo, con algo de ironía: ¡sólo sobre mi cadáver!"

Ante una andanada de ese tipo, la reacción del gobierno de Uribe ha sido todavía más deplorable. En un proceder humillante ha corrido a echarse a los pies de Bill Clinton. Ha contratado firmas de asesoría, por cuenta del Erario, cercanas a este personaje y a la campaña electoral de Hilary, lo ha condecorado “como colombiano apasionado”, y, en la más barata politiquería internacional, trata de congraciarse con todo aquel que cree susceptible a la seducción de sus falsos comedimientos; como el nombramiento de una ministra y un viceministro de raza negra para incitar al grupo parlamentario afro-norteamericano.

Uribe, en medio de su desesperanza, está brindando el más insoportable espectáculo de servilismo. Su “diligencia y astucia”, admirada por estos confines, no puede ser vista por cualquier ojo aguzado sino como una conducta rayana con lo patético. Si fue precisamente con ese mismo ánimo con el cual se negoció el TLC, no se necesita ahondar mucho en aquellos temas contenciosos, como la pérdida de soberanía alimentaria, jurídica, económica, territorial y jurídica para saber que efectivamente la negociación fue un acto de traición a la patria. Con todo esto, a la hora de los refranes, resulta más apropiado: “¡Así le paga el diablo a quien bien le sirve!” …Y pensar que se continúa actuando de tal modo…